La masiva afluencia de ayuda, tanto nacional como internacional, hacia Jimaní, sigue poniendo a prueba la capacidad de las autoridades para coordinar y distribuir eficazmente esa asistencia. Ese déficit de coordinación y planificación se hace más evidente a medida que transcurren los días, pues una vez superadas las tareas de rescate de cadáveres y asistencia primaria, tanto física como sicológica, a las víctimas directas de la tragedia, lo que se impone es la creación de las condiciones que permitan que la vida en Jimaní pueda, poco a poco, recobrar la normalidad. Se trata de una tarea ciertamente sobrehumana, que no puede dejarse solo a las autoridades, y en la que la sociedad civil, con una amplia experiencia en asuntos comunitarios, puede hacer un extraordinario aporte que el país habrá de agradecerle siempre.

[b]No es solo Jimaní[/b]

Las dimensiones de la tragedia en Jimaní, sobre todo por la gran cantidad de vidas que se llevó de encuentro la furia de las aguas, ha obligado a las autoridades a concentrar todos sus esfuerzos en esa zona, pero los reportes que llegan desde otros puntos del país, afectados también por las lluvias, son igualmente preocupantes. Los daños provocados por las crecidas a la agricultura, así como a la infraestructura vial -puentes, caminos y carreteras- son cuantiosos, lo que obligará a los planificadores del próximo gobierno a realizar algunos ajustes en su agenda de prioridades. Pero en lo que eso sucede, toca a las actuales autoridades ir en auxilio de los afectados por las crecidas, que solo en la provincia Duarte mantiene aisladas a más de 30 comunidades y miles de tareas de cultivos bajo las aguas en la zona de influencia del río Yuna.

[b])Un caso aislado?[/b]

A lo mejor se trata de un caso aislado, pero como en tiempos de transición puede pasar absolutamente cualquier cosa, no estaría de mas que las autoridades determinen las circunstancias en que un chofer del Seguro Social en La Romana se apropió de una máquina de hemodiálisis valorada, según los cálculos, en cerca de veinte mil dólares, con la que fue sorprendido por la Policía Nacional mientras la trasladaba a un lugar todavía desconocido. El doctor Juan José Santana, quien hizo la denuncia, cree que esa sustracción forma parte de un plan para dejar sin equipos los hospitales públicos para cuando asuma el próximo gobierno, la peor noticia que podría recibir un sistema de salud que ya ha sido definido por el doctor William Jana, director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en estado de emergencia.