Vuelos clandestinos
Sería bueno saber, a propósito de las investigaciones que realizan miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesa) en torno a la denuncia de aterrizajes y despegues de aeronaves en horarios sospechosos en el aeropuerto de Herrera, en qué quedaron las indagatorias sobre la avioneta dejada abandonada en la Autovía del Este en diciembre pasado, luego de que dejara su carga –se presume que drogas, armas o dinero en efectivo– en territorio dominicano. Lo último que se supo del subrepticio aterrizaje de esa avioneta, que puso al desnudo la total vulnerabilidad de los cielos dominicanos a las incursiones aéreas del narcotráfico internacional, fue que las autoridades decidieron cerrar el tramo de la Autovía del Este utilizado para evitar nuevas visitas, y que pudo establecerse la identidad del piloto y el copiloto de la aeronave de matrícula venezolana. ¿Quedó ese expediente definitivamente cerrado o las investigaciones en Herrera son otro capítulo de la misma historia? Mientras más claridad…

 El diablo anda suelto

  Si es verdad, como afirma el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que los reiterados llamados del Secretario de Interior y Policía a los ayuntamientos para que estos rindan cuentas de los recursos que reciben a través del Presupuesto Nacional son parte de un «plan diabólico», patrocinado por el gobierno para hacer naufragar la frágil gobernabilidad del país, lo que nuestra sobresaltada clase política necesita para bajar las tensiones no es un encuentro en la PUCAMAIMA, santiguado por la mano componedora de monseñor Agripino Núñez Collado, ni tampoco que Hans Hertell, el solícito embajador norteamericano en República Dominicana, ponga en práctica sus recién descubiertas dotes de mediador; con un buen exorcista debería ser suficiente. ¿A dónde iremos a parar?

 Cuentas pendientes

  Después de leer las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, en las que afirma que todos los partidos políticos, la mayoría de los ayuntamientos y ONG’S, al igual que el grueso de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo no cumplen con el requisito legal de rendir cuentas de los recursos que administran ante ese organismo fiscalizador, hay que mirar desde una nueva perspectiva la exigencia de Franklyn Almeyda a los ayuntamientos para que pongan sus cuentas al día, sobre todo si, como señala el doctor Máximo Castillo, tampoco la Secretaría de Interior y Policía informa cómo y en qué gasta su presupuesto. Ese triste panorama no resta validez, desde luego, al encomiable propósito del doctor Almeyda de velar por el buen uso de los fondos públicos, sea en los ayuntamientos o en cualquier otra institución del Estado, pero sí debería obligarlo a mirar lo que ocurre en su propia casa, delante de sus propias narices, donde podría descubrir que la viga que tiene en el ojo es definitivamente más grande que la paja que se empeña en sacarle en cara a los cabildos.