Extradiciones.-  El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, ha condicionado la tramitación de la solicitud de extradición de Eddy Brito anunciada por las autoridades puertorriqueñas, que lo acusan de ser uno de los principales cabecillas de la organización criminal que dirigía José David Figueroa Agosto, a que las acusaciones allá sean más concretas y consistentes que las aportadas aquí por el Ministerio Público, y lo mismo vale para cualquier otro de los imputados de lavado de activos producto  de su asociación con el capo boricua preso en la vecina isla. La afirmación del Procurador, aunque razonable, confunde un poco, pues hasta un lego en materia jurídica sabe que un caso de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos tiene que ser, necesariamente, más contundente que la de lavado de activos por la que será  procesado por  la justicia y los jueces dominicanos con todas sus flaquezas y debilidades. El  doctor Marino Vinicio Castillo, veterano penalista y asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo,  no solo se muestra abiertamente partidario de  la extradición del ex esposo de Sobeida Félix Morel sino que califica de “espectacular”  el expediente instrumentado en  Puerto Rico, en referencia a los 750 efectivos de la DEA y el FBI que participaron en el operativo que desmanteló la organización criminal de Figueroa. De todas maneras hay que esperar a que llegue la solicitud de extradición de Brito, o las de otros imputados, para saber lo que hará el Ministerio Público, que debe andarse con mucho tiento   para evitar que su renuencia a dar curso a esa o cualquier otra solicitud de extradición relacionada con el caso se interprete como una forma de evitar que salgan a la luz  los pejes gordos que hasta ahora se han mantenido a la sombra, es decir las  autoridades corruptas, civiles y militares, que según la Fiscalía de Puerto Rico  ofrecían su colaboración para facilitar las actividades ilegales de Figueroa  a cambio de dinero.