Ignoramos si los senadores están conscientes de las implicaciones de declarar al sector eléctrico en estado de calamidad, como le solicitaron formalmente al gobierno, mediante resolución, en la sesión del pasado martes. Si ese no ha sido el caso, lo que tampoco debería sorprender a nadie, repasemos lo que dice al respecto la Ley General de Electricidad, en su artículo 102: «En caso de calamidad pública el Estado podrá tomar a cargo la administración de las empresas eléctricas de manera provisional hasta tanto dure la causa que provocó dicha intervención, pagando al concesionario una compensación, que se determinará tomando por base el promedio de las utilidades que hubiere tenido la empresa en los últimos tres años precedentes. Si la empresa requerida no hubiere completado los tres años de explotación o no efectuare servicios remunerados, la compensación se determinará por tasación de peritos…» )Es ese el camino que nos espera? Saque usted, apreciado lector, sus propias conclusiones.

[b]En estado de emergencia[/b]

No es un simple juego de palabras, es la realidad pura y dura: si no hay servicio de energía eléctrica, ni tampoco suficiente agua para satisfacer las necesidades más elementales, y si a eso se le añade que ni siquiera hay hilos para las cirugías ni medicinas para las emergencias, no hay más remedio entonces que declarar en estado de emergencia los 173 hospitales que regentean a nivel nacional la secretaría de Salud Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, como acaba de hacer el Colegio Médico Dominicano. La gravedad del diagnóstico, empero, servirá tan solo para llamar la atención de la opinión pública sobre la calamitosa situación que se vive en esos centros, pero difícilmente consiga que la medicina que necesitan, con urgencia, esos hospitales, llegue a tiempo, pues ningún gobierno puede dar lo que no tiene, mucho menos si se trata de dinero contante y sonante.

[b]Inmadurez política[/b]

Hay que suponer que el joven dirigente reformista Víctor Gómez Casanova sabía mas o menos a lo que se exponía con su propuesta de crear un consejo presidencial que dirija el proceso de reestructuración en el descalabrado Partido Reformista Social Cristiano, pero difícilmente previó que pudiera ser interpretada como producto de la inmadurez política, como la ha calificado el también dirigente reformista Angel Lockward. La propuesta de Casanova, presidente de la Juventud Reformista Social Cristiana, ha sido interpretada como una expresión del compromiso de su generación con el futuro de la organización política, una generación que también está consciente de que no es a ella a la que toca, en las presentes circunstancias, asumir una tarea que todavía le queda demasiado grande. Ojalá que la dirigencia del PRSC, la que sí tiene sobre sus hombros esa ineludible responsabilidad, tenga la madurez suficiente para asumir, con todas sus consecuencias, el mayor desafío al que se ha enfrentado el partido del orgulloso gallo colorao.