En la comunidad de Bayaguana, provincia de Monte Plata, se incuba la desgracia. Y todo porque las familias beneficiadas con un proyecto habitacional levantado en la zona por el Invi están dispuestas a defender con sus vidas, si fuera necesario, el techo que tanto esfuerzo les ha costado conseguir, de las turbas de supuestos militantes perredeístas que se han presentado al lugar reclamando, de mala manera, su «derecho» a esas viviendas. David Luther, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, explica que el proyecto, financiado con recursos aportados por los gobiernos dominicano y norteamericano, fue levantado para acoger a buena parte de los damnificados del huracán Georges, seleccionados en un proceso, según Luther, participativo y democrático. La desgracia ya está anunciada, ahora toca a las autoridades evitar que se materialice.

[b]Elogio a la perseverancia[/b]

Merecen, sin duda, un reconocimiento especial por su perseverancia, y por las mismas razones por las que habría que condenar a los indolentes gobiernos que nos hemos gastado en los últimos veinte años, precisamente el tiempo que tienen las comunidades Juan Adrián y Rancho Arriba, en Bonao, reclamando la reparación de la carretera que las comunica con Piedra Blanca. Precisamente hoy los lugareños han convocado a las autoridades locales para intentar convencerles de la imperiosa necesidad de reanudar la obra, en una actividad a la que se espera asistan los síndicos de ambas comunidades. Dicen que quien espera lo mucho también espera lo poco, pero lo cierto es que las precarias condiciones en que vive esa gente, agravadas por el olvido y la desatención, no permite prolongar por más tiempo esa inacabable espera.

[b]Guerra a muerte[/b]

Lo que más perturba, cada vez que se pone en evidencia, como en los casos de los crímenes perpetrados en San Pedro de Macorís, la escalofriante eficacia conque actúan nuestros delincuentes y criminales, es que la Policía Nacional, responsable de proteger a la ciudadanía de esos desmanes, parece marchar en sentido contrario a esa evidente «profesionalización» de la actividad delictiva en República Dominicana. Atada de pies y manos por un presupuesto exiguo, que no alcanza ni siquiera para abastecer de combustibles su maltrecha flotilla de vehículos de patrullaje, nuestra institución del orden ha ido perdiendo capacidad de respuesta ante una delincuencia cada vez más desalmada y mejor armada. La culpa, desde luego, solo puede ser atribuída a un gobierno que extravió el rumbo de sus prioridades, olvidando que si la Policía pierde la guerra a muerte que libra contra esa delincuencia lo habremos perdido todo. Absolutamente.