Otra vez el desarme- La Procuraduría General de la República sigue empeñada en su propósito de sacar adelante un Plan Nacional de Desarme de la población civil, para lo cual cuenta con el respaldo de todos los organismos de seguridad del Estado, y las razones esgrimidas  por el doctor Radhamés Jiménez para justificar su iniciativa son tan contundentes como contundentes son algunas de  las estadísticas que ofrece: de enero a septiembre de este año, 1,172 ciudadanos  han muerto víctimas de armas de fuego.

Personalmente apoyo  cualquier esfuerzo o iniciativa encaminada a recoger todas esas armas que están en  manos inadecuadas, convencido como estoy de que la mayoría de esas personas no está en capacidad de asumir la responsabilidad que implica poseer un arma de fuego, y mucho menos andar con ella al cinto –estampa  cotidiana de nuestra realidad machista–tercermundista– como un vaquero del oeste norteamericano, lo que explica tantas muertes absurdas  por cualquier  choquecito   o algún piropo mal entendido en un bullanguero  y peligroso colmadón.

Pero con los niveles de inseguridad en que vivimos,  inseguridad de la que también son responsables aquelllos llamados a protegernos de los desmanes de los antisociales como ocurre con tantos miembros de la Policía Nacional, resulta muy cuesta arriba convencer a la gente de que entregue sus armas, sobre todo si la delincuencia  está tan  bien armada, tanto así que ya no es sorpresa ni motivo de asombro que  las autoridades decomisen a delincuentes y narcotraficantes auténticos  arsenales de guerra. Por eso cada vez que oigo hablar o me entero de que las autoridades de turno analizan   la posibilidad de desarmar a la población, desarme que considero –insisto– tan pertinente como necesario, me hago la misma pregunta, y les confieso que todavía estoy a la espera de una   respuesta que me deje satisfecho y sobre todo tranquilo. ¿Y quién va a desarmar a los delincuentes?