Hipocresía política- Doña Alejandrina Germán, Coordinadora de la Comisión Electoral del PLD, dice estar consciente de que la decisión de  negarse a revelar los nombres de los 22 aspirantes a cargos electivos  que fueron excluidos como precandidatos  le traerá algunas críticas, pero explicó que se trata de un compromiso ético y moral que la dirección de su partido asumió con esos compañeros, que aclaró no tienen asuntos pendientes con la justicia ni vínculos con el narcotráfico, por lo que se encuentran en pleno disfrute  de sus derechos civiles. ¿Para qué dar a conocer esos nombres y provocar un gran daño, probablemente irreversible, a sus honras y reputaciones?

Hasta ahí la cosa se entiende, y hasta se puede estar de acuerdo con las razones de doña Alejandrina.   Lo que no se entiende tan bien es  que en ese paquete hayan metido al actual síndico del municipio de Villa Isabela, en Puerto Plata, y quien aspiraba a reelegirse en el cargo. ¿Fue porque cumplió una pena de cinco años  en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, razón por la cual fue deportado en 1997? ¿Por qué  eso no importó antes y ahora sí? Esa sentencia no fue obstáculo  para que se postulara, y obtuviera  el favor de los electores, en los comicios del 2006, y no debería serlo ahora, pues su status legal desde entonces hasta acá no ha cambiado.

No pienso  echar aquí el pleito que el síndico Hugoberto Tavárez debería echar en los tribunales, en la Cámara Contenciosa o en su propio partido, pero es evidente que falta mucho por discutir en torno a las polémicas reservas de candidaturas, pues lo que  está realmente  en discusión no es tanto la calidad funcional de la democracia dominicana  como la vigencia de un auténtico estado de derecho en el país.  Esperemos que así también lo vea, llegado el momento,  la JCE.