¿Por qué ahora?-  ¿Por que ahora, a los 13 años de su promulgación, seis de los cuales lleva al frente del Ministerio de Finanzas, es cuando el licenciado Vicente Bengoa  propone la modificación de la Ley General de Educación que asigna el equivalente del 4% del Producto Interno Bruto (PBI) a la inversión en educación? ¿Habrá descubierto de repente, como si se tratara de una revelación de carácter divino, que resulta  inaplicable a la realidad presupuestaria de República Dominicana?

¿O fue tras un reflexivo análisis que llegó a la conclusión de que esa “absurda” ley se llevaría de encuentro, de ser aplicada, a la Oficina Nacional de Presupuesto y “una cantidad impresionante de  ministerios”? ¿Por qué se enteró tan tarde de que lo mismo ocurre con otras 21 legislaciones que establecen asignaciones fijas a varias instituciones, entre ellas los ayuntamientos, la  Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas?  ¿Por qué ahora es cuando se convence de que lo ideal, lo que mas nos conviene, es que no haya porcentajes para nadie, ni siquiera para el  Presidente de la República?

Son simples preguntas retóricas, pues a estas alturas ya todos sabemos que esas respuestas hay que buscarlas en la campaña del 4% del PIB para la educación, coronada por el masivo y entusiasta espaldarazo recibido por el “Lunes Amarillo”,  que no solo desbordó  las expectativas de las organizaciones de la sociedad civil que la promueven sino que ha puesto completamente a la defensiva al gobierno, que se ha quedado sin argumentos convincentes, creíbles y aceptables  para justificar su renuencia a invertir en educación los recursos que ordena   la ley  a pesar de la fama de  buen conceptualizador de que goza  el Presidente de la República.