Política fallida- He repetido esto muchas veces, y por lo que veo parece que voy a tener que seguir repitiéndolo aunque no  gane un concurso de popularidad: matando delincuentes, asesinándolos a mansalva y sin ningún  respeto por la ley y el debido proceso, no vamos a acabar con la delincuencia, porque si así fuera este país sería  un remanso de paz rodeado de agua (casi) por todas partes.

Y lo peor del caso es que, a pesar de que no contribuye en nada a resolver el problema que nos ha robado el sosiego y la tranquilidad, la sistemática eliminación física de los que delinquen, sobre todo de los reincidentes, sigue siendo la única política pública (perdóneme el sarcasmo, señor Procurador) aplicada con firmeza y consistencia desde el Estado para hacerle frente. Con el agravante de que, producto del dramático deterioro de la seguridad debido, precisamente, a los desmanes y fechorías de los antisociales, no solo es una práctica tolerada sino también aplaudida por la ciudadanía, que en medio de su impotencia y desesperación  pasa por alto que cuando legitima con su tolerancia o aplauso  esos asesinatos está otorgándole licencia para matar con impunidad y alevosía  a los miembros de una institución demasiado vulnerable –duele decirlo, pero basta abrir el periódico para comprobarlo— a las infiltraciones del mundo de la criminalidad, la delincuencia y el narcotráfico.

 Otro tenor.- Bajo las órdenes de siete jefes de la DNCD dicen que sirvió el general retirado Francisco Hiraldo Guerrero, solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas que lo acusan de narcotráfico, y que ninguno se percató de las actividades extracurriculares del oficial. Es algo difícil de creer, y habrá que creerlo mientras tanto, pero  recomiendo  esperar a  que el oficial llegue a los Estados Unidos y empiece a cantar, y no precisamente claro de luna, antes de  llegar a  conclusiones definitivas.