Villa Piñata.- No, no me voy a cansar de decirlo. La forma en que se repartieron los apartamentos de lujo construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) en la avenida Luperón no resiste una investigación seria y responsable, sobre todo si se apega a la ley y al propio reglamento del Invi. Alicia Ortega y su programa El Informe lo han vuelto a poner en evidencia. Y es que  al menos 27 de los beneficiarios de esos apartamentos, vinculados de una manera u otra al expresidente Leonel Fernández Reyna, al PLD o al gobierno, poseían ya otro inmueble, en algunos casos hasta más de uno y en otros tan costosos o más que el de Villa Progreso.

Esos 27 adquirientes, que definitivamente no califican para ser beneficiarios de un apartamento financiado por el Estado, fueron identificados gracias al esfuerzo y la perseverancia  de la comunicadora y su equipo de colaboradores, pero existen muchos otros que han enmascarado sus propiedades en testaferros o en parientes cercanos a los que se les sigue la pista. ¿Alguien se extraña o sorprende de la forma en que se repartió Villa Piñata? ¡Claro que no! Lo que sí sería una gran sorpresa es que el gobierno de Danilo Medina haga lo que nunca se ha hecho y ordene revisar esas asignaciones, anulando las que no se ajusten a lo que indica le ley.

Otra vuelta de tuerca.- Dice Temístocles Montás, ministro de Economía Planificación y Desarrollo, que es “obvio” que el nuevo acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional que se rubricaría en enero próximo implicaría nuevas reformas que, necesariamente, tocarán al sector eléctrico. Como igualmente obvios es, aunque eso no se haya atrevido a decirlo de manera abierta el ministro, que entre las “reformas” que se contemplan está el alza o “sincerización” de la tarifa eléctrica, otra vuelta de tuerca que le dará el tiro de gracia a la empobrecida clase media, que definitivamente no tiene quien la defienda.