Informe incompleto.  Conocido el informe de la comisión  policial que investigó la matanza de Paya, en Baní,  prácticamente todo el mundo coincide en que adolece de dos grandes fallos, empezando por el senador por la provincia Peravia Wilton Guerrero, quien lo considera “una burla al pueblo”: no se sabe dónde están los 1,200 kilos de cocaína que motivaron el “tumbe” y, por tanto, la ejecución de siete ciudadanos colombianos, como tampoco se dice nada  sobre la importante cantidad de dinero, en pesos y en dólares, que se supone estaba en posesión de las víctimas al momento de ser secuestradas y posteriormente asesinadas.

Tampoco hace mención ese informe  de los “autores intelectuales” detrás de la matanza,  ni se ha producido el estremecimiento que  pronosticó hace unos días el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien por cierto no participó, como era de esperarse tratándose de un caso tan importante, en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los  resultados  de las indagatorias, tal vez para no enfrentarse a una serie de preguntas para las que no tiene respuestas satisfactorias. 

Para coronar el aluvión de críticas que ha recibido ese informe de parte de una opinión pública a la que se condicionó para ser “estremecida” por sus resultados, el doctor Vincho Castillo, asesor en materia de narcotráfico del Poder Ejecutivo,   reclama que las investigaciones, que considera inconclusas, continúen hasta determinar de dónde salió la orden de ejecutar a los siete colombianos. Esa es una papa caliente con la que tendrá que bregar  el Ministerio Público, que no solo deberá concluir unas investigaciones que se entiende incompletas  sino llevar también a buen término el proceso judicial contra las 13 personas a las que se acusa de ser los autores materiales de la matanza. ¿Podrá con tamaña encomienda?