¿Qué pasó ahí?- En el apresamiento del extraditable Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz, acusado por las autoridades norteamericanas  de enviar grandes cantidades de cocaína desde República Dominicana hacia  los Estados Unidos, hay cosas que no están del todo claras, empezando por su detención, pues su orden de arresto fue emitida por la Suprema Corte  en febrero pasado. ¿Qué impidió, durante todo ese tiempo, que se  apresara a un hombre que hacía vida pública, con domicilio y negocios conocidos y que para colmo tenía como guardaespaldas a un cabo  del Ejército  Nacional? ¿Quién lo estuvo protegiendo  hasta ahora y porqué, de repente, “descubrieron” quién era y dónde vivía?

Las autoridades deben aclarar cuanto antes esas y muchas otras interrogantes en torno a este caso, pues lo que se está diciendo (recuerden que estamos en campaña electoral)  es que la desgracia de Rodríguez Cruz no le sobrevino por los  delitos que se le atribuyen “en los países” sino al hecho de  haber formado un movimiento de apoyo al candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía.

Populismo legislativo.-  Leyendo y escuchando las opiniones de juristas, académicos y expertos constitucionalistas sobre las modificaciones introducidas a los  códigos Procesal Penal y del Menor por los diputados da  la  impresión de que se ha cometido un desaguisado que no solo nos retrotraerá a tiempos que creíamos superados sino que vulneran también  la Constitución. De nada han valido las advertencias de que la fiebre no está en la sábana o de que en ningún país del mundo donde se han aumentado las penas a los menores que delinquen se han reducido  la violencia y la delincuencia; ciegos y sordos, hicieron caso omiso a esas  advertencias,  y precisamente por eso parece muy  poco probable que el frenesí populista que impulsó  esos apresurados cambios  resuelvan  el problema.