Insólito.- Cuando leí la noticia lo primero que me pregunté, en medio de la creciente indignación, fue qué hacía en una cárcel pública la menor de 16 años que fue violada por un recluso. Segundo después, cuando me enteré de que fue llevada allí por una religiosa, me pregunté: ¿qué clase de religiosa comete una  imprudencia de ese tamaño? Y como una pregunta lleva a la otra, la siguiente se caía de la mata: ¿dónde estaban las autoridades de la cárcel pública de El Seibo que permitieron el ingreso de   una menor de edad? Es evidente que en este caso ha habido, además de la insensatez de  la religiosa, una muestra de gran irresponsabilidad, por demás imperdonable,  de parte de las autoridades de esa cárcel. Por eso hay que  celebrar la oportuna reacción del Procurador General de la República,  Francisco Dominguez Brito, quien dispuso la cancelación de su  alcaide, y el sometimiento a la justicia del recluso que perpetró la violación. Y, sobre todo, que haya ordenado  que también se investigue a Sor Prudencia, para que explique porqué llevó a esa niña al matadero.

La fuerza de la costumbre.- El gobierno quiso hacer lo que nunca se ha hecho con la revista, es decir someter a una inspección anual rigurosa a cada vehículo para establecer si está en condiciones  de circular por las calles sin representar un  peligro para sus ocupantes ni para los demás vehículos y conductores, pero parece que se impuso la fuerza de la costumbre, o la urgencia de cobrar esos chelitos, y la revista se empezará a expedirse desde el próximo lunes. Y es una lástima, porque esa inspección, que la dispone la ley de tránsito, hubiera permitido sacar de las calles todas esas chatarra –en su mayoría utilizadas en el transporte público de pasajeros– que tanto contaminan el ambiente. Ojalá que el ministro de Obras Públicas, que parece un funcionario al que le gusta hacer las cosas nien, no haya desistido de su propósito de que  la revista cumpla la función  que le otorga la ley.