Nos hemos acostumbrado a escuchar, tal vez porque nos lo enseñan desde la escuela más temprana, que este es un país eminentemente católico, y que la católica es nuestra religión «oficial». La reciente decisión del Congreso Nacional de aprobar una ley que autoriza a los ministros de las distintas iglesias a realizar matrimonios civiles podrá no haberle caído bien a todo el mundo, pero ha puesto las cosas en su justo lugar, y por una razón elemental: la Constitución de la República consagra -de manera expresa- la libertad de cultos como uno de nuestros derechos inalienables. Si los curas católicos pueden casar legalmente a dos ciudadanos, en virtud de un acuerdo firmado por el Estado dominicano con el Vaticano en los años cincuenta, el célebre Concordato, ahora pueden hacerlo también, gracias a los legisladores, los ministros evangélicos. Así de simple, así de sencillo, así de constitucional.

[b]Transparencia radiofónica[/b]

Hay que reconocer la validez de los esfuerzos del procurador Víctor Céspedes Martínez por descongestionar nuestras superpobladas cárceles, aunque el método elegido para ese descongestionamiento -los indultos masivos- no sea el más idóneo, como lo prueban los escándalos que saltan a la opinión pública cada vez que se producen. Los cuestionamientos que se formulan a ese expedito recurso se concentran, fundamentalmente, en la poca transparencia conque se realiza el proceso de evaluación y selección de los expedientes, a espaldas de la opinión pública y sin que se sepa qué criterios predominan a la hora de aprobar las solicitudes de excarcelación. En esta ocasión esa falta de transparencia será suplida, según la feliz ocurrencia de Céspedes Martínez, por la transmisión en vivo, a través de un popular programa de radio, del proceso de selección de los reclusos de la cárcel de Puerto Plata que serían beneficiados con el perdón presidencial el próximo 16 de agosto. A eso le llaman, en el maravilloso país donde nos ha tocado nacer y vivir, transparencia radiofónica.

[b]Fallido cambalache[/b]

Es probable que nadie conozca nunca, salvo los propios interesados, las razones por las cuales el senador por El Seibo, Marcial Valera, dio marcha atrás a su renuncia, con la que se suponía honraba un acuerdo de «préstamo» en torno a la curul que obtuvo en las elecciones congresionales y municipales del 2002 el ingeniero Roberto Rodríguez, a la cual renunció para asumir -hasta el día de hoy- la dirección del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Como nunca se supo, tampoco, en qué consistió exactamente el «acuerdo de caballeros» que hizo posible ese compromiso de cambalache, que dicho sea de pasada nunca se le notificó a los incautos electores de El Seibo que creyeron que el ingeniero Rodríguez estaba dispuesto a sacrificarse por ellos.