Qué se dice

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De fuera vendrán. Quiere decir entonces que hace falta que vengan los organismos internacionales a determinar si en nuestras instituciones públicas se han registrado actos de corrupción, para que el gobierno se decida a someter a la justicia a los responsables de hacer mal uso de los bienes y recursos que, como funcionarios públicos,  han sido puestos bajo su cuidado.

Claro, alguien dirá de inmediato –las bocinas siempre están con las antenas paradas– que al interpretar de esa manera el anuncio hecho con bombos y platillos desde el Palacio Nacional estoy cogiendo el rábano por las hojas, que esa gente viene,  en realidad, a darnos una mano en la difícil lucha contra el flagelo de la corrupción, que es la primera vez (¿se imaginan a Bosch, Balaguer o Peña Gómez haciendo esa clase de petición?) que un gobierno dominicano  encarga a un  organismo internacional la realización de  una evaluación de esa naturaleza, y que los resultados de ese experticio “harán más efectiva la implementación, por sectores, del marco jurídico de que dispone el país”. Lamentablemente,    ningún argumento o explicación serán suficientes para  convencerme de que necesitamos que sean los técnicos del PNUD, el Banco Mundial,  la Unión Europea o   la USAID los que vengan a decirnos qué tan corruptos son nuestros funcionarios o qué tan débiles  son los mecanismos de control y fiscalización del uso de  los dineros públicos, cuando  para eso nos basta y sobra con Alicia Ortega y Nuria Piera, que a cada rato nos recuerdan  que nuestras cárceles estarían llenas de corruptos   si  las instituciones responsables de velar por el buen  manejo de los recursos del erario, así como aquellas llamadas a perseguir y sancionar a los que se corrompen, simplemente hicieran su trabajo.