Asunto de lógica.- Así como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, así también puede decirse que no hay nadie más torpe a la hora de buscar que aquel que nada quiere encontrar. Eso parece ser lo que está ocurriendo con la comisión designada por la Dirección General de Aduanas para investigar la denuncia sobre la existencia en la institución  de una mafia que cobra impuestos  a los exportadores de banano y se los embolsilla sin reportarlos al fisco, que extrañamente no se ha comunicado con el agroempresario Luis Bonilla, quien hizo la denuncia a través de este diario. La lógica más elemental indica que cualquier investigación que parta de la denuncia de un ciudadano debe empezar, necesariamente, por escuchar al denunciante, pero es evidente que los responsables de esas pesquisas opinan otra cosa. Y es eso, precisamente, lo que pone “chivo” a cualquiera. ¿Por qué no se quiere saber  quién cobra ese dinero y a cuáles bolsillos va?

Presiones. ¿Quién presiona a la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó las confrontaciones  entre los miembros de la Junta Central Electoral? Hago la pregunta porque hace unos días escuché al presidente de esa cámara, Abel Martínez, exhortar a sus miembros a no dejarse presionar más que de la ley y la Constitución, y ayer leí que el diputado Henry Merán Gil, quien la preside, advirtió que sus miembros no aceptarán ningún tipo de chantaje para que corten algunas cabezas en el organismo electoral. ¿Cuáles  son esas cabezas que se quiere hacer  rodar? A juzgar por la forma en que se manifiestan esas presiones, que empezaron con la filtración del informe  con los resultados  y recomendaciones de los comisionados, se trata de José Angel Aquino y Eddy Olivares, a los que se quisiera ver fuera   de la JCE para que su presidente,  el doctor Roberto Rosario,  pueda reinar a sus anchas y sin molestosas disidencias.