Digan lo que digan.- Es de esperar  que  el Gobierno dominicano  no se deje intimidar por la afrentosa petición de Amnistía Internacional de que el país “detenga de manera inmediata la deportación en masa de inmigrantes haitianos”, y continúe ejerciendo su soberano derecho a expulsar de su territorio a los extranjeros que ingresen de manera irregular. Ha sido ese miedo al qué dirán de los organismos internacionales el responsable de la masiva presencia haitiana de este lado de la frontera, mucho más allá de lo conveniente y tolerable aunque eso se nieguen a reconocerlo los parcializados organismos internacionales que con tanta facilidad nos critican y desacreditan, como responsable será también de sus consecuencias, nada halagueñas por cierto, para nuestro futuro inmediato.

La rápida respuesta de la Dirección General de Migración  negando que se esté expulsando en forma masiva a los haitianos y explicando que se trata, simplemente, de la detención y  repatriación de personas que fueron sorprendidas cuando intentaban ingresar de manera ilegal al país, es todo lo oportuna y pertinente que puede ser la defensa que hace  un Estado de su derecho a ejercer la soberanía sobre su territorio, pero es probable que esa explicación, por razonable o legítima que sea,  resulte insuficiente a los amigos y protectores de Haití, que cada vez disimulan menos sus pretensiones de que seamos los dominicanos quienes carguemos con ese pesado muerto. La Dirección General de Migración debe continuar cumpliendo con su responsabilidad de mantener, sin grietas ni fisuras, el cordón sanitario diseñado por el ministerio  de Salud Pública para evitar el contagio masivo del cólera que ha matado a más de tres mil personas en Haití, sin importar lo que diga o deje de decir Amnistía Internacional.