El llanero solitario.- Hay que dar por un hecho, al menos en principio, las buenas intenciones del doctor Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, pues hay que considerarlo el más interesado en poner punto final a la  crisis generada por los cuestionamientos al director del Centro de Cómputos del organismo, el señor Franklyn Frías.

Sin embargo, su decisión de solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría al centro de cómputos y el padrón de electores sin consultar al pleno   le da la razón a sus críticos, Participación Ciudadana en primera línea, que cuestionan su marcada propensión a tomar decisiones importantes unilateralmente,  sin consultar a nadie, como si la JCE fuera una empresa privada de único dueño. ¿Qué miembro de ese tribunal colegiado   se va a oponer a que se rodee de mayor transparencia el proceso electoral con una auditoría al padrón de electores hecha nada menos que por la OEA? ¿Cuál de ellos se atrevería a rechazar  un experticio que despejará las dudas y desconfianzas de ciertos sectores hacia el proceso y el propio tribunal de comicios?

Por eso resulta tan difícil  entender que el presidente de la JCE no se tomara la molestia, aunque fuese tan solo para guardar las formas, de someter  a la  consideración  del pleno una decisión de tanta trascendencia, máxime sabiendo que tiene los ojos del país puestos sobre sus acciones y omisiones. Habrá quien atribuya a un asunto de personalidad tan extraño comportamiento, pero esa explicación solo sería aceptable si, como se le critica, Rosario estuviese dirigiendo una empresa o negocio de su propiedad, y no el organismo de cuyo desempeño  depende la supervivencia de la democracia dominicana.