No son pleitos extraños al mundo cultural criollo, con frecuencia estremecido por feroces enconos y rivalidades, pero cuando esos enfrentamientos entre la «inteligencia» se sazonan con política, que en tiempo de campaña electoral lo contamina todo, es difícil saber dónde y cuándo van a terminar. Esa debe ser la causa por la que la denuncia de Carlos Dore Cabral de que la secretaría de Cultura volvió a inaugurar la casa de la UNESCO, a pesar de haber sido inaugurada oficialmente por el gobierno del doctor Leonel Fernández en 1998, se ha convertido en un inacabable tirijala en el que cada día se involucra a nuevos protagonistas, y del que surgen, también, nuevas revelaciones. Gracias a esa edificante y cultural garata ahora sabemos, por ejemplo, que el pasado gobierno también incurrió en un «plagio inaugural» al dejar formalmente abierta la Escuela Elemental de Música Elila Mena, a pesar de ser tan solo un «cascarón vacío», según dice ahora Giovanni Cruz, subsecretario de Cultura. Como decía el inolvidable Buck Canel: no se vaya, que esto se pone bueno.

[b]Limpiando el padrón[/b]

Complace y tranquiliza -¿por qué negarlo?- la noticia de que la JCE ya limpió de guardias el padrón electoral, una contaminante presencia cuya exclusión venían exigiendo, de manera reiterada, los partidos políticos y la sociedad civil, como requisito indispensable para la celebración de unos comicios confiables y transparentes. El juez Roberto Rosario, de la Cámara Contenciosa del tribunal de elecciones, ofreció ayer garantías de que se excluyó a cinco mil militares del padrón, como parte de la auditoría que realiza la empresa norteamericana Identity, contratada, precisamente, para esos fines. Falta saber ahora qué hará la JCE, o a quien corresponda ocuparse de un asunto tan delicado, con los militares que se involucran, contrariando una prohibición expresa de la Constitución de la República, en actividades proselitistas, como nos muestra una fotografía del diario El Caribe en la que se ve al jefe de la Fuerza Aérea, mayor general Virgilio Sierra Pérez, repartiendo dinero, rodeado de banderas blancas, entre manifestantes reeleccionistas en la frontera.

[b]Degradaciones[/b]

Es previsible que la JCE, ante la contundencia de la denuncia, se vea obligada a prohibir, de manera expresa, que otras organizaciones políticas usen y abusen de la simbología del PRSC, según se hace constar en un documento depositado ante el tribunal de comicios por su delegado, Víctor Gómez Bergés, en el que se expone el «patrocinio peledeísta» de esas malas acciones. La utilización de la simbología de otros partidos, como recurso destinado a confundir a sus respectivas militancias, ha sido notoria en esta desabrida campaña electoral, pero no es un pecado solo atribuíble a los peledeístas, como piensa Gómez Bergés, sino también al PPH, que igualmente han querido pescar con ventaja en las revueltas aguas reformistas. Pero también supone, aunque eso no lo diga el veterano dirigente reformista, otra patente muestra de la degradación a la que hemos sometido unas reglas de juego que cada vez nos resulta más difícil respetar.