Barbarie.- De tan frecuentes, han dejado  de ser noticia de primera plana, lo que indica que los linchamientos públicos de supuestos o reales delincuentes, como el ocurrido el pasado domingo en Pizarrete, Baní, donde una multitud mató a golpes a un presunto ladrón cuyo cadáver arrojó luego a un canal,  se van poco a poco legitimando como reacciones defensivas naturales de una sociedad que se siente huérfana de autoridades que den respuesta adecuada al problema  de la inseguridad generada por la desbordada delincuencia. Pero eso no quiere decir, de ninguna manera, que se trate de un comportamiento aceptable, o que se aplauda que la autoridad se siga haciendo de la vista gorda ante esos linchamientos en los que se da rienda suelta a la barbarie con la que se quiere suplantar el imperio  de la ley.

  Ver para creer.- Con la anticipada salvedad de que, como Santo Tomás, tendré que verlo para creerlo, saludo el anuncio del jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel Castro Castillo, de que actuará de manera drástica contra los choferes que alteren el orden público o que provoquen enfrentamientos  en las vías públicas. Mi escepticismo, como el de tantos ciudadanos que ha visto cómo los choferes del transporte se han apoderado,  con violencia y malos modales, de nuestras calles, tiene una clara justificación, por lo que no debe el mayor general Castro Castillo pensar que se trata de un asunto personal.  Y es que ha sido tanto el poder que se le ha dado a los choferes  y transportistas permitiéndoles que utilicen su capacidad de alterar el orden público, en su  caso directamente proporcional a la pusilanimidad de las autoridades “competentes”, para  chantajear a este y todos los  gobiernos, que cuesta creer que alguien tenga los arrestos suficientes para volver a poner las cosas en el lugar que les corresponde.