Sobre una renuncia.-  Mucho tardó el escritor  Andrés L. Mateo en darse cuenta de que se metió  en una  encerrona al aceptar formar parte de la comisión  nombrada por el presidente Leonel Fernández para revisar los llevados y traídos textos integrados, de la que ayer renunció bajo el argumento de que el 80% de sus integrantes son asalariados, de manera directa o indirecta, del Ministerio de Educación, por lo que están impedidos de emitir una opinión objetiva e imparcial sobre los textos a examinar. Hay mas, mucho mas, en la extensa y enjundiosa carta de renuncia dirigida por Mateo al presidente Fernández,  pero por razones de espacio me limitaré a llamar su atención sobre el siguiente párrafo: “Pensé, señor Presidente, que el Ministro daría una prueba de confianza y se sometería al escrutinio de un consistorio independiente, sin hacerse acompañar de sus funcionarios que, habiendo confesado que desconocían cabalmente estos textos integrados, que no fueron consultados, que no construyeron ese modelo pedagógico, se han prestado, porque así se lo ordena su jefe, a defender un producto intelectual extranjero que viola la Constitución, que quebranta la ordenanza 1-95, que infringe la Ley de Educación 66-97. Y que, por demás, le garantiza un rodillo asambleario que haría invisible el verdadero problema frente al cual estamos. Tenga usted presente, señor Presidente, que la principal asesora del Ministro, la licenciada Jaqueline Malagón, preside la comisión. Hay  un principio cardinal que orienta las acciones justas: no se puede ser juez y parte”. Palabras han habido, como suele decirse popularmente, y ojalá haya también respuestas a esas  palabras de parte de quienes han sido aludidos por ellas, pues a quienes hemos dado atento seguimiento al lío desatado por la casi violenta irrupción de los  textos integrados en la educación pública dominicana nos  encantaría escuchar, de sus propios labios, las razones  por las cuales aceptaron formar parte de esa comparsa.