Un acto de justicia.- Fue un excelente regalo navideño y, más que nada, un acto de justicia, la decisión del presidente Danilo Medina de conceder una pensión especial del Estado a 1,028 trabajadores cañeros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que a partir del primero de enero del año próximo empezarán a cobrar mensualmente 5 mil 117 pesos con 50 centavos. ¿Por qué no se tomó esa decisión antes?

¿Por qué se permitió que esos trabajadores, envejecientes y muchos de ellos enfermos, tuvieran que humillarse mendigando frente al Palacio Nacional, el Congreso y el Ministerio de Hacienda una pensión a la que tienen derecho, si solo bastaban un decreto y la firma del Presidente de la República? Son situaciones difíciles de entender  en gobiernos que gastan muchísimo dinero en obras no prioritarias, en sueldos lujosos a  funcionarios y canchanchanes, en botellas y nominillas, o en otorgar pensiones astronómicas a gente que, en su mayoría, no las merece, y que constituyen un insulto no solo para todos esos humildes trabajadores que dieron lo mejor de sus vidas en los campos de caña del CEA sino para el resto de ciudadanos de este pobre y jodido país.

Es verdad, como dice un conocido refrán, que más vale tarde que nunca, sobre todo en el caso de quienes, como  los trabajadores cañeros,  han vivido un auténtico vía crucis (muchos de ellos murieron esperando lo  que nunca llegó) para hacer valer sus derechos largamente postergados. Pero eso no justifica la indiferencia ni la insensibilidad de quienes, desde el Gobierno, se hicieron los desentendidos con sus reclamos,  cual fue el caso del doctor Leonel Fernández y su cohorte de funcionarios, que ni siquiera en el frenesí de gastos en que incurrió su gobierno entre mayo y agosto de este año (un desenfreno que, según los economistas, nos tiene a todos pagando  más impuestos) se acordaron de los cañeros ni de la  pensión a  la que tienen derecho luego de    cotizar   durante años al IDSS.