Lo cierto es que la Policía Nacional ha estado operativamente reducida por varios motivos: tiene pocos medios de transporte; los vehículos a su disposición no reciben suficiente combustible; y la tercera causa es la más desconcertante: En la PN hay muchos  oficiales pero el personal subalterno no es suficiente y una buena parte de esa tropa  está limitada a desempeñar tareas auxiliares en provecho de personajes de alto rango, activos o en retiro, de funcionarios civiles y hasta a empresas privadas. A decir verdad, un porcentaje reducido  de  los uniformados es el que está asignado a las tareas ordinarias de patrullaje y persecución del crimen. Cuando el nuevo jefe de la institución, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, plantea con énfasis que  no permitirá que sus hombres se queden en el fresco de las oficinas en vez de ir a combatir el crimen, está reconociendo implícitamente que lo han puesto a dirigir una institución que ha sufrido una disminución de funcionalidad porque sus jefes no se ocuparon en los últimos años de desarrollar una auténtica fuerza de tareas con sargentos, cabos y rasos bien entrenados y bien pagados. Los gobiernos tienen mucha culpa. 

Preservación de la burocracia

En cierto modo, el  excesivo tamaño  de la administración pública está siendo ratificado  por la política de nombramientos que lleva a cabo el nuevo gobierno. A pesar de que se habló de reducir los gastos en un 20%, y se admitió que en el Estado ocurre mucho la duplicidadad de funciones, el Poder Ejecutivo ha optado por entregarse a la designación  sin reerva de directores y otros altos funcionarios situados en múltiples estructuras burocráticas que deberían ser revisadas de cabo a rabo para establecer si se justifica que sigan existiendo  o si sería preferible que sus tareas queden a cargo de  solo una parte  de los departamentos existentes . Si aquí se recogiera en un solo haz todo lo que tiene que ver con lo que hace Obras Públicas, es mucho el dinero de los contribuyentes que se economizaría, cerrando lo que está demás. Obsérvese también que la  falta de interés de llevar el Estado a un tamaño lógico, moderado, menos dispendioso, se revela  en la tendencia a nombrar funcionarios con rango de secretario de Estado sin que la dimensión de sus funciones  lo merezca, y no se entiende que si el primer mandatario criticó implícitamente el  excesivo número de subsecretarios que encontró,  recurra ahora, una y otra vez, al expediente de conferir  (y devaluar) la investidura mayor.  Eso como que se parece un poco a lo que él mismó llamó cualquierización, en referencia a los muchos ascensos a generales. 

El retorno de Domínguez

La designación del doctor Francisco Domínguez Brito  como procurador general de la República ha tenido acogida en diversos sectores en los que la trayectoria de este joven abogado inspira confianza. Su paso por la fiscalía del Distrito Nacional en la anterior periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández fue muy satisfactorio para la sociedad. En Santiago, su ciudad natal, Domínguez es también una figura pública ded granaceptación. Aspiró a la senaduría como candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el 2002 y aunque  el escaño fue para otro, hay quienes todavía sostienen que él fue el ganador pero que  los votos en realidad no fueron bien contados. Hay motivos para afirmar que el nuevo procurador es un hombre de palabra.  Su anuncio de que enfrentará la corrupción y la delincuencia en sentido general debe tomarse en serio. Aunque, ciertamente, necesitará el concurso amplio de la justicia y de la Policía para echar adelante con éxito una lucha tan importante.