Un elemental sentido de la prudencia obliga a las autoridades a esperar los resultados de todos los experticios técnicos que fuere necesario hacer antes de autorizar la reapertura del centro comercial Diamond Mall, afectado por una fuerte explosión la mañana del pasado lunes, como pretenden los propietarios y arrendatarios de los locales comerciales que operan en esa plaza. Se entiende perfectamente la necesidad que tienen esos propietarios y arrendatarios de reabrir sus negocios y normalizar sus actividades, pero esa necesidad no puede estar por encima de la seguridad pública, mucho menos si existen diferencias de criterios tan grandes entre el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, general Oscar Guillermo García, quien debido a los daños recomienda la demolición del 40% del edificio, y el presidente del CODIA, el ingeniero Ramón Lora, quien asegura que sólo fueron destruidas divisiones, cristales y otras partes internas, calificando además de exageradas las recomendaciones del general García.

Cumplir la ley

  A propósito de las discusiones sobre la conveniencia de regular el uso de las motocicletas como una forma de contrarrestar el alto índice de delitos que se cometen en esos vehículos el amigo Hamlet Herman nos ha hecho llegar, para ilustración general, una fotocopia del capítulo XIII de la Ley 253 sobre Tránsito de Vehículos, en el que se establecen la disposiciones relativas al uso de motocicletas, motonetas, bicicletas y triciclos, del que sólo citaremos el acápite A por ser el que interesa: “Toda persona que conduzca una motocicleta en las vías públicas deberá conducirla solamente sentado en el asiento regular y no deberá transportar ninguna otra persona, ni deberá ninguna otra persona viajar en una motocicleta, a no ser en un coche lateral, o asiento trasero complementado por agarraderas y estribos.” Como se trata de una ley vigente, que no ha sido derogada, se supone que las autoridades no deberían tener ningún problema en hacerla cumplir, y de paso resolver un problema de seguridad ciudadana.

Un gato sin cascabel

  Hay que agregar los candados que colocan los deudos para proteger las tumbas de sus muertos a la ya larga lista de objetos y piezas de metal víctimas de la codicia de los ladrones, de lo que pueden dar fe las autoridades policiales y municipales de Santiago que acaban de desmantelar una banda que se decicaba a profanar las tumbas del cementario de la sección El Ingenio, a la que ocuparon 500 candados sustraídos en ése y otros cementerios de la zona. Hay que suponer que en la medida en que esa lista se va ampliando resulta cada vez más difícil a las autoridades realizar su trabajo, pues si bien es posible colocar vigilancia en las plazas y monumentos históricos para evitar el saqueo de los ladrones, no puede hacerse lo mismo en cada alcantarilla de la ciudad o a todo largo de la red de telefonía, cuya sustracción ha provocado pérdidas millonarias a las empresas telefónicas. Se trata, como ha quedado demostrado hasta ahora, de un delito muy difícil de prevenir y perseguir dadas sus características, a menos que se creen mecanismos que permitan algún tipo de control o vigilancia permanente sobre las fundiciones que operan en el país o a quienes se dedican a la compra de metales para su exportación. ¿Quién le pone el cascabel al gato?