Con el caso Odebrecht patinando en sus inconsistencias y debilidades, sin que nadie se atreva a decir en qué terminará ni cuándo, a lo que habría que agregarle los sometimientos a la justicia de presuntos corruptos del pasado gobierno, los abogados penalistas están en plena zafra, pues sabido es que narcotraficantes y políticos corruptos, esperando que ni unos ni otros se ofendan por meterlos en el mismo saco, pagan muy bien. Eso no tiene nada de malo ni de ilegal, pues todo acusado, sin importar el delito cometido, tiene derecho a un defensor.

Como ya estamos viendo, abogados que están “picando” en el caso Odebrecht fueron contratados por apresados el pasado domingo, lo que si bien aumentará su carga de trabajo, hasta el punto de ponernos a pensar si podrán defender apropiadamente a tantos clientes, también lo harán sus cuentas bancarias.

Con la ventaja de que no están obligados a garantizar resultados, y mucho menos una sentencia de descargo, aunque sus clientes les estén pagando una fortuna, lo que no impide –o tal vez por eso mismo– que vayan a los medios a hacer bulto para justificar sus bien pagados servicios.

Y si un juez severo condena a sus clientes, con los años de cárcel a cuestas no terminarán su calvario, pues mientras existan instancias a las cuales apelar tendrán que seguir gastando dinero en abogados hasta que se produzca una sentencia definitiva.

Como se ve, es un negocio redondo para esos distinguidos profesionales, no así para sus clientes en apuros, que en el trance corren el riesgo de quedar en la ruina después de tanto esfuerzo en llenar sus arcas privadas con dinero público. No digo que eso podría ocurrirle a los apresados el domingo, o a los acusados por el caso Odebrecht, perdido en su propio laberinto.

De sobra sé, porque ahí es donde está el problema, que no hay juicio por corrupción que haya llegado tan lejos, ni hay un solo corrupto, en ninguna época ni en ningún gobierno, condenado por la justicia.