No hay dudas que el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, jefe de la Policía Nacional, tiene asegurado un lugar especial cuando se escriba la historia de la institución a la que ha servido con tanta entrega y dedicación, más que nada por haber tenido el coraje y la determinación de enfrentar la perversa e ilegal práctica de retener y utilizar -a la mejor conveniencia de la «superioridad»- los vehículos robados que la institución recuperaba, que ha llevado a los tribunales de justicia a 60 oficiales, entre activos y retirados. Unas cuantas páginas más adelante, sin embargo, el desprevenido lector de esa historia se tropezará con una desagradable sorpresa: el mismo jefe policial proclamando, desde la solemnidad de una sala de audiencias, que los oficiales sentados en el banquillo de los acusados no tienen ninguna razón para estar ahí, incluídos (el general no hizo excepciones) los que habrían alterado los chasis de los vehículos que les fueron asignados para evitar que sus dueños los identificaran, pues no puede atribuírseles ninguna responsabilidad penal dado que actuaron «de buena fe». Si se trató de un encomiable gesto de valor y honradez o de una penosa claudicación ante lo que el mismo jefe policial definió como una práctica «normal, legal y consuetudinaria» dentro de la institución desde hace muchísimos años, solo el tiempo podrá decirlo. Mientras tanto, demos gracias porque el general Pérez Sánchez no puede ser juez y parte en ese juicio.

Al pan, pan

Dice el padre Alemán, a quien los años y los achaques no han menguado su indeclinable vocación a llamar las cosas por su nombre, que si el gobierno persiste en su empeño de obligar a los empresarios a pagar impuestos, la «voracidad fiscal» de la que se queja el CONEP, el país podría verse abocado a una crisis política. «Hacer que los super ricos o super avivatos paguen podría provocar una grave crisis en la República Dominicana», afirma el sacerdote jesuita. Habrá quien advierta, de inmediato, cierto tremendismo en esas afirmaciones, un exceso que habrá que perdonarle en un hombre de la integridad y vehemencia del padre Alemán, brillante economista y respetado académico, sobre todo porque sigue siendo capaz de advertirle al gobierno, con claridad meridiana, que si quiere obligar a la gente -y no solo a los renuentes empresarios- a pagar impuestos tiene que comenzar rindiendo cuentas de dónde gasta los recursos que recibe y cómo los gasta.

A la espera

Alguien quiere saber, a propósito de nuestra inveterada propensión a la impunidad, en qué está la investigación que realizan las Fuerzas Armadas a fin de establecer las debidas responsabilidades en la muerte de la señora Elisa María Payán, de 35 años, quien falleció mientras se encontraba detenida en una celda que opera en el aeropuerto Las Américas bajo la responsabilidad de las autoridades de la Dirección General de Migración, que al parecer ignoraban que la mujer llevaba en su cuerpo 40 bolsitas de cocaína. «En el caso de la señora (Elisa María Payán) todo el que tuvo que ver con el apresamiento, sea militar o civil, debe responder por ese hecho, pues la forma en que se manejó fue irregular.» Así respondió el almirante Sigfrido Pared Pérez cuando los periodistas le preguntaron si habría sanciones para los responsables del fallecimiento de esa mujer. Esperemos, entonces, que el secretario de las Fuerzas Armadas honre el compromiso que encierran esas declaraciones, lo menos que puede hacerse ante una muerte tan indigna como innecesaria.