¿A quién es que mas conviene que las elecciones del 2020 se celebren sin la Ley de Partidos que venimos discutiendo y consensuando, de manera infructuosa,  desde hace casi dos décadas? Parece oportuno y pertinente  que nos  hagamos  la pregunta,  pues en la respuesta podría estar la clave de su destino final en esta nueva etapa de discusiones. Y es que por el camino que van las negociaciones en la subcomisión  creada para   facilitar un acuerdo, todo indica que tendremos que seguir  esperando por un consenso que nunca acaba de llegar. O al que, como piensa mucha gente, a nuestra clase política no le interesa realmente llegar. Ayer informaciones periodísticas  daban por un hecho que la propuesta del danilismo de que sean los organismos de dirección de los partidos los que decidan el tipo de padrón que utilizarán para elegir sus candidatos  a cargos electivos será la que finalmente se imponga, como puede darse por un hecho también que los seguidores del expresidente Leonel Fernández rechazarán esa imposicion cuando les toque votar por ella en el hemiciclo.  Las declaraciones  del vocero de los diputados  leonelistas, Juan Quiñones, quien ayer acusó al gobierno de presionar al PRSC para que abandonara su posición inicial y apoye    las primarias abiertas y simultáneas, abonan los pronósticos mas pesimistas, pues según  el legislador la maniobra ha provocado una ruptura del consenso   logrado y también la posibilidad de que la ley se apruebe. Por eso es pertinente preguntarse, como dije al principio, a quién es que mas conviene que en el 2020 volvamos a celebrar elecciones sin una Ley de Partidos y Electoral, pues probablemente sea el mismo que ha estado manipulando las discusiones de forma tal que nunca se logre el llevado y traído consenso y las cosas se queden  tal y como  están.