El informe del Departamento de Estado sobre la inversión extranjera en la República Dominicana, que como cada año volvió a provocar el consecuente alboroto y los golpes de pecho de gente que se cree obligada a sacar al sol su nacionalismo de ocasión, sirvió de pretexto para que el presidente Luis Abinader reiterara por enésima ocasión su advertencia de que no tolerará la corrupción en su gobierno.

Aprovechando la firma de un acuerdo de cooperación con la embajada de Estados Unidos en el país, que implica la erogación de 251 millones de dólares que serán canalizados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el mandatario dijo esperar que en lo próximos días el Congreso Nacional apruebe la Ley de Extinción de Dominio, “para que los recursos robados puedan volver al Estado y se pueda utilizar para dar solución a los problemas de la gente”.

Más claro de ahí no canta un gallo, como dirían en el campo, pero lo cierto es que toda insistencia es poca, algo de lo que, por suerte, está consciente el mandatario, quien hace rato se dio cuenta de que no todos los que lo acompañan en el Gobierno del Cambio piensan igual; como sabe también que si se pone a investigar mucho podría resultar que se encuentra en minoría, una idea incómoda que no lo ayudará a conciliar el sueño.

No soy el único que tiene el “pálpito” de que, no obstante esas reiteradas advertencias, habrá gente que se equivoque o que en estos momentos esté planeando equivocarse sin que lo descubran, aunque le hayan estrujado en la cara, para que se miren en ese espejo, la triste situación por la que atraviesan los exfuncionarios del pasado gobierno que guardan prisión a la espera de ser enjuiciados por corrupción.

Y todo eso, luego de haber disfrutado las dulces mieles de un poder que parecía que no se acabaría nunca, un espejismo en el que, como tantos otros antes que ellos, cometieron el error de creer.