El 70% de los usuarios que reciben agua del acueducto de Santo Domingo se abstiene de pagar este importante servicio que es fruto de gruesas inversiones públicas con las que el Estado ha tratado de cumplir sus obligaciones ante la ciudadanía.

Con toda seguridad que mucha de la gente que incumple su deber podría tener la excusa de que percibe ingresos que no les alcanzan para costearse la vida en sentido general; pero es evidente que a un importante sector de los consumidores se le puede exigir que asuma su responsabilidad, de la misma manera en que ineludiblemente tiene que hacerlo para poder disponer de otras ventajas de la vida moderna. El recurso de comunicación que más se ha extendido en el país es el de la telefonía que muchos usuarios consideran caro pero que nadie deja de pagar. Sin embargo, aquí no existe rigor ni mecanismos de sanción efectivos para impedir que el agua sea consumida e incluso derrochada en hogares y negocios sin responder por ello. Ciertamente que el hábito de fallarle a la CAASD y a otros acueductos del país ha sido, a su vez, estimulado por precariedades irritantes de esas entidades. He ahí un círculo vicioso que esta sociedad debe romper: el agua debe pagarse ineludiblemente porque sería la forma más segura y rápida de lograr un mejor suministro.

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Abogados a raudales

Crece la preocupación por lo que se define ya como sobreabundancia de profesionales del derecho en la República Dominicana. Se afirma que este es uno de los países de América Latina con más alta proporción de abogados por número de habitantes y ha llegado a proponerse que algunas escuelas de derecho entren provisionalmente en receso y que se emprenda una revisión a fondo de los programas de estudio y de la preparación de los profesores. Frecuentemente se cuestiona la formación de muchos de los que van por ahí con títulos de abogados y que finalmente tienen que ganarse la vida fuera de ese ejercicio o en algunos desempeños afines pero inferiores a la verdadera abogacía. Si el mal de la proliferación de abogados no calificados se origina en algunas universidades ¿qué se espera para obligarlas a mejorar su cátedra o renunciar a esa carrera?

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Armas y drogas

En el pasado fin de semana estalló un motín en la cárcel situada en el kilómetro 15 de Azua, hecho en el que salieron a relucir armas de fuego en manos de reclusos. Simultáneamente, en plena penitenciaría Rafey, de Santiago, un sargento de la Policía murió de un balazo en un incidente con civiles. El desastre de Higuey, el 7 de marzo de este año, en que murieron 136 reclusos por un incendio en la cárcel, comenzó con disparos atribuídos a un preso armado. Estaba, en teoría, privado de la libertad mas no de la capacidad de utilizar un mortífero instrumento. Bien se sabe que los penales dominicanos no sirven. Almacenan hombres y mujeres, pero se les denigra y enferma, moral y físicamente. Lo novedoso es que tampoco están sirviendo los carceleros para tareas tan elementales como impedir que a las celdas penetren objetos y sustancias de alta peligrosidad. Corre mucho la versión de que el tráfico de armas hacia los penales acompaña otra grave invasión: la de drogas.