El gobierno tiene toda la razón cuando dice que no necesita de acuerdos, «ni directos ni indirectos», para garantizar la gobernabilidad del país; el problema es que, en la práctica, actúa como si fuera todo lo contrario. Así sucedió cuando el presidente Fernández decidió retirar el veto, después de haberlo anunciado a la opinión pública, a la ley de financiamiento a los partidos políticos, lo que se interpretó como un gesto de debilidad del mandatario ante las presiones de los promotores de la ley y sus aliados de ocasión, y así volvió a pasar cuando accedió a la reposición de cientos de «técnicos» de la pasada administración cancelados injustamente (anunciada precisamente ayer tras una visita al Senado de Temístocles Montás y Amílcar Romero), como parte del arreglo con los senadores perredeístas para la aprobación de los proyectos de bonos internos que permitirán mantener vivo el acuerdo con el FMI. Aquellos polvos, previsiblemente, han traído estos lodos, por lo que ha resultado tan fácil convencer al país -como han podido comprobar, para mutuo disgusto, tanto el gobierno como monseñor Agripino Núñez Collado- de que la llevada y traída gobernabilidad depende del voluble humor político del ex presidente Hipólito Mejía.

 Querellas

La Policía Nacional ha dado garantías, a través de su propio jefe, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, de que investigará a fondo las circunstancias en las que una pareja de esposos fue atacada a tiros por una patrulla policial en la carretera Sabana de la Mar-Hato Mayor, luego de que se negaran a detenerse en medio de la oscuridad y en una zona completamente desolada. No hay porqué dudar, con tan buen garante, que se producirá esa investigación y se sancionará a los responsables, pero sería bueno también que las autoridades policiales averiguen, como parte de esas investigaciones, por qué ni en el destacamento de Hato Mayor ni en el Palacio de la Policía Nacional quisieron recibirle la querella a la aterrada pareja. No es la primera vez que ese tipo de denuncia llega a los medios de comunicación, como no es la primera vez tampoco que la jefatura, a raíz de esas mismas denuncias, sanciona a los culpables de la negligencia. Manos a la obra, general.

 A la espera

Parece que el síndico Roberto Salcedo ha decidido, en el caso del área verde del kilómetro 9 de la autopista Duarte, empezar por lo más sencillo, es decir por los buhoneros, advertidos ya de que en quince días deben recoger sus pertenencias de nobles y sufridos padres de familia y llevárselas para otra parte. El desalojo de las paradas de autobuses que funcionan en esa zona, que según Antonio Marte movilizan diariamente, hacia y desde las 14 provincias del Cibao, veinte mil pasajeros, habrá que manejarlo, para evitar las confrontaciones que tanto desagradan al síndico, con un poco más de tacto. Desde que se habló de «intervenir» la zona, como le gusta decir a Roberto Salcedo, para devolverle a la ciudad lo que a la ciudad pertenece, Antonio Marte se paró en dos patas y retó a que fueran a sacarlo por la fuerza. La cosa no paso de ahí, pues luego vinieron las sonrisas y los abrazos, pero poco se sabe en realidad de lo acordado entre el transportista -que en un momento llegó a pedir que le garanticen un préstamo de cien millones de pesos como condición para mudarse de lo que ocupa ilegalmente- y las autoridades municipales. Mientras tanto los habitantes del Distrito Nacional seguirán esperando a que su síndico les devuelva el área verde que les prometió, por supuesto sin Antonio Marte y sus guaguas dentro.