Quizá le estemos pidiendo demasiado al jefe de la Policía Macional al reclamarle con tanta insistencia que sancione de manera ejemplar a los oficiales de esa institución, en su mayoría generales, que hacían uso indebido de los vehículos de lujo recuperados, cual podría ser la expulsión deshonrosa, como han llegado a sugerir algunos medios, o su sometimiento a los tribunales para que respondan ante la justicia ordinaria por sus hechos.

¿Está la Policía en capacidad de asimilar un sacudimiento de esas proporciones, que implicaría la pérdida de varias decenas de oficiales, muchos de ellos excelentes investigadores o técnicos formados tras muchos años de experiencia, sin contar con el impacto que tendría en su intrincada línea de mando -cohesionada por una invisible red de compromisos y complicidades llamada «espíritu de cuerpo»- una decisión de esa naturaleza? He ahí el terrible drama al que se enfrenta el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, atrapado en medio de las turbulencias desatadas por la decisión de solicitar a sus subalternos la devolución de los vehículos que usufructuaban, de manera ilegal, cumpliendo «órdenes superiores».

El traje

El Partido Reformista Social Cristiano acaba de anunciar el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de modificación a la ley electoral que propone que el 80% de los recursos del Estado que se otorga a los partidos políticos, a través de la JCE, sean distribuidos en partes iguales entre las organizaciones que obtengan más del 5% de los votos en las elecciones. Federico Antún Batlle, presidente del PRSC, explicó que el proyecto solo trata de establecer la equidad y la participación igualitaria de todos los partidos del sistema, pues una de las funciones de la democracia es propiciar el crecimiento y fortalecimiento de las fuerzas políticas. Se trata, como advertiría hasta el lector más despistado, de un traje diseñado a la medida de las necesidades del reformismo de estos tiempos, bastante maltrecho tras los catastróficos resultados electorales del pasado 16 de mayo. ¡Ah ocho por ciento que ha hecho cosas!

Tregua amenazada

El Colegio Médico Dominicano, que encabeza el combativo Waldo Ariel Suero, dice estar dispuesto a quebrar la tradicional tregua que se concede a los gobiernos recién estrenados, alegando que una serie de cancelaciones que se han producido en los hospitales públicos, que incluyen a médicos, bioanalistas y enfermeras, violan de manera flagrante las leyes del sector. Esa sería la razón visible del inicio de las hostilidades, siempre y cuando la secretaría de Salud Pública se niegue a reponer a los cancelados, pero el verdadero mal de fondo es el disgusto que han generado en el seno del gremio algunos nombramientos hechos por el Gobierno, sobre todo en la secretaría de Salud Pública. Lo que se alega, según se ha sabido, es que muchos de los nuevos funcionarios carecen de la formación y la experiencia gerencial necesaria para bregar con una crisis tan grave como la que afecta, en estos momentos, al sistema público de salud.