Aclarado el misterio: el desorden protagonizado ayer en la mañana por un grupo de choferes en la autopista Duarte, a la altura de Los Alcarrizos, tiene como telón de fondo la disputa por una ruta que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) habría asignado a Fenatrano, la gente de Juan Hubieres, lo que según Antonio Marte, el hombre fuerte de CONATRA, constituye una invasión a una ruta que ya operaba su gremio. Según Marte fueron los seguidores de Hubieres, su archirrival, quienes dispararon contra choferes y cobradores de Conatra, hiriendo de gravedad a por lo menos tres personas. No es la primera vez, sin embargo, que las querellas por una ruta del transporte se convierten en verdaderas batallas campales, con graves destrozos a la propiedad y pérdidas de vidas humanas, como no es la primera vez tampoco que las autoridades se mantienen inexplicablemente al margen de esas confrontaciones. Lo que interesa saber, a propósito de lo que acaba de ocurrir en Los Alcarrizos, es si en esta ocasión alguna autoridad se dará por aludida intentando establecer responsabilidades por esos hechos, o si se continuará permitiendo que los choferes y sus dirigentes utilicen nuestras calles y carreteras como peligrosos campos de batalla en los que cualquiera, sin tener vela en ese entierro, puede perder la vida o resultar gravemente herido. ¿Quién nos saca de las dudas?

Esperanzados

Mucha gente prefiere pensar, al igual que el reverendo Alejandro Pérez Jerónimo, Superintendente de las Asambleas de Dios, que la ausencia del tema de la corrupción y la impunidad bajo la que se ampara en el dicurso pronunciado por el presidente Leonel Fernández ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas es parte de una estrategia deliberada, «fríamente calculada», y no una demostración de que el gobierno se ceñirá al guión que sugiere recurrir, a fin de evitarle sobresaltos a la gobernabilidad, al conocido borrón y cuenta nueva. Por eso es preferible, para seguir manteniendo la fe en que no se trata, como ya teme mucha gente de nuestra activa y beligerante sociedad civil, de «más de lo mismo», confiar en la palabra del doctor Francisco Domínguez Brito, quien ha dado seguridades de que en el gobierno existe una política seria y definida para prevenir, enfrentar y castigar la corrupción en la administración pública. No olvidemos que la esperanza, a pesar de las malas señales o la total ausencia de ellas, es lo último a lo que debemos renunciar, en la quimérica aspiración de erradicar el flagelo de la corrupción de nuestra vida institucional.

Sordo clamor

El doctor Franklyn Almeyda, secretario de Interior y Policía, parece estar muy consciente de lo que tiene entre manos, al mostrarse tan convencido de que el llamado «Plan de Seguridad Democrática», anunciado por el presidente Fernández en su discurso de rendición de cuentas, no será posible si antes no se produce una verdadera reforma de la Policía Nacional que ponga énfasis en su profesionalización y tecnificación, lo que también implica -a juicio del funcionario- dotarla de los equipos que necesita para combatir de manera eficaz el crimen y la delincuencia. En ninguna parte de la extensa entrevista concedida al periódico El Día, sin embargo, se menciona la necesidad de mejorar los salarios que devengan los policías, tal y como lo planteara un técnico chileno que acaba de visitar el país, a pesar de que la necesidad de que se produzca, cuanto antes, ese aumento, es un asordinado pero extendido clamor dentro de la institución responsable de velar por el orden público y la seguridad ciudadana, del que no es posible excluir ni alistados ni oficiales superiores.