Así describió ayer un periódico la decisión de la Dirección General de la Policía Nacional de reducir a su mínima expresión las informaciones sobre hechos delictivos, que como era de esperarse ha provocado reacciones de rechazo de los medios de comunicación, que alegan se les está coartando el acceso a una fuente de información pública fundamental para la seguridad de los ciudadanos. El vocero de la institución ha negado, con su flema característica, que la nueva política de información sea no informar nada, bajo el cínico argumento  de que si los hechos no ocurren la Policía no puede inventárselos. Pero los hechos delictivos que registran las redes sociales de los que la Policía no se entera o finge no enterarse, de los que ofreció ayer una buena muestra un reportaje publicado por  el periódico El Día, no solo ponen en evidencia que la delincuencia, no obstante las restricciones informativas de la Policía, prosigue su agitado  curso desafiando a las autoridades y sus operativos  de coyuntura, sino  lo dura que tiene la cara el general Nelson Rosario. Vuelvo a repetir aquí, como señalé en una columna anterior, que el ocultamiento de información sobre los hechos delictivos, quiénes los cometen y dónde se producen es una acción irresponsable de la Policía que atenta contra la seguridad de la población  a la que, paradójicamente, se supone está obligada a proteger, pero hace tiempo soy consciente de que los que la dirigen se niegan a escuchar lo que no les conviene. Y como ahora resulta que, además de sorda, también es muda, tal vez ha llegado el momento de preguntarse qué vamos a hacer con esa Policía si  tampoco está en capacidad de garantizar la protección de las vidas y los bienes de los ciudadanos.