El estudio dado a conocer ayer por el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Germán Peña Guadalupe, que revela que de los más de 155 mil motoconchistas que hay en el país el 80% nunca ha tenido problemas con la justicia, deja bien sentado que el motoconcho, que será sometido a una serie de regulaciones por parte de la OTTT, no constituye un factor determinante en la ola de delincuencia y criminalidad que mantiene en jaque a la sociedad dominicana, como se pregona por ahí de manera insistente y machacona. De todas maneras hay que desearle mucha suerte a la gente de la OTTT en sus esfuerzos por imponer las nuevas regulaciones al motoconcho, que obligarán a los motoconchistas a utilizar cascos y chalecos numerados, pues tendrán por delante una tarea dura y difícil dada la cultura del chivo sin ley tan extendida en el transporte público de pasajeros en República Dominicana.

Estafa a la criolla

  Ojalá pudieran llegar las autoridades -como se dice siempre- hasta las últimas consecuencias en sus investigaciones en torno a las actividades de una banda que se dedicaba a estafar extranjeros acusándolos de falsas agresiones a mujeres para despojarlos de sus bienes y propiedades, estafa de la que habrían sido víctimas por lo menos diez extranjeros, mayormente europeos y norteamericanos. Para cometer el timo los estafadores se auxiliaban de abogados, certificaciones de salud falsas y mujeres -las supuestas “víctimas”- que maquillaban como si estuvieran “golpeadas”, con lo que “armaban” un expediente que presentaban en juzgados de Andrés y Boca Chica que servía también para chantajear a los extranjeros, muchos de ellos actualmente fuera del país tras haber salido huyendo de la “justicia” dominicana. Se ha dicho que las autoridades que investigan el caso intentarán ponerse en contacto con esos extranjeros, que no deben guardar muy buenos recuerdos de este fallido paraíso tropical, a fin de que puedan regresar a recuperar lo que les pertenece, pero lo más importante de todo es conocer por sus nombres y apellidos a esos estafadores, incluídos sus cómplices, antes de sentarlos delante de un juez.

La zafra perpetua

  Y prosigue su agitado curso la imparable zafra a la que ha sido sometido el Consejo Estatal del Azúcar desde su privatización, por lo que el turno le toca ahora al ingenio Quisqueya en San Pedro de Macorís. La Fundación Vicente Celestino Duarte y el Núcleo de Organizaciones Comunitarias de Los Llanos y Quisqueya están reclamando la intervención urgente de los directivos del CEA para que detengan el desmantelamiento que desde hace varias semanas viene sufriendo la estructura física de ese central azucarero, para venderla como chatarra a empresas metalúrgicas del país y el extranjero. El feroz proceso de canibalización, según los denunciantes, incluye molinos, centrífugas y chumaceras, entre otras piezas y accesorios, pero también la vía férrea utilizada para llevar la caña desde los campos hasta los molinos, desmontada en más de un 60%. Y todo eso ante los ojos del mundo, sobre todo de las autoridades “pertinentes”, pues las piezas desmanteladas son trasladadas a la Capital en enormes y bien visibles patanas.