Voy a decirlo sin darle muchas vueltas: el gobierno, colocado entre la espada y la pared por los escándalos de corrupción que nos salen hasta en la sopa y el reclamo de la calle de que se le ponga fin, de una vez por todas, junto a la impunidad que la cobija, no tenía otra alternativa que acoger las recomendaciones de la comisión que designó para investigar la venta irregular de terrenos del CEA, una zafra “histórica” con la que mucha gente –gobiernos van gobiernos vienen– se ha llenado los bolsillos y que en San Pedro de Macorís fue el detonante del asesinato de dos locutores y el posterior suicidio del homicida. Simplemente porque no están los tiempos para embullar a la opinión pública con el viejo y perverso truco de nombrar una comisión con el cínico propósito de echarle tierra y olvido a lo investigado, mucho menos después de que el presidente Danilo Medina, desde el sagrado recinto del Congreso Nacional, se comprometió a que en su gobierno, en materia de corrupción, no habrá vacas sagradas. Tan conscientes están en el Palacio Nacional de lo que está en juego, y de la necesidad de actuar en consecuencia, que ayer mismo fue destituido el director ejecutivo del CEA, tal y como recomendó, entre otras medidas, la comisión que encabezó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Pero con el mismo sentido de urgencia deberían remitir al Ministerio Público, como también recomendaron los comisionados, los documentos que le permitan actuar contra los responsables de las irregularidades detectadas, porque eso es lo que está esperando con impaciencia un pueblo tan harto de corrupción e impunidad que solo se conformará cuando vea a los corruptos en la cárcel. Y si así no lo entienden en el gobierno y en el PLD, que se preparen para las consecuencias.