Es una pena que durante su reciente visita a Dajabón, donde encabezó un encuentro junto al Ministro de Defensa, el jefe del Ejército y los directores de la Policía Nacional y el Cesfront, entre otras autoridades civiles y militares, para pasar balance a los resultados del Plan de Seguridad Fronteriza, nadie le haya informado al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre lo que está ocurriendo, pues así no hubiera tenido que enterarse a través de los periódicos, lo que para un funcionario público siempre resulta embarazoso. Ayer El Nacional publicó, citando “un reporte suministrado al Alto Mando”, que los representantes del Ministerio Público de la zona fronteriza se resisten a someter a la justicia a los traficantes de indocumentados haitianos a pesar de las instrucciones recibidas del propio Procurador de que trabajen en estrecha colaboración con los militares en la persecución y apresamiento de los traficantes y contrabandistas. Según el vespertino, en ese mismo reporte militar se señala que hasta el pasado martes los fiscales de Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Dajabón no habían solicitado la primera medida de coerción a los acusados de tráfico de indocumentados y de otros delitos no obstante haber sido apresados en flagrante delito, y en presencia de representantes del Ministerio Público. Si es verdad que eso está ocurriendo hay que advertirle al Procurador que no sancionar un delito es el mejor estímulo para que sus perpetradores reincidan, y recordarle de paso que ha sido, precisamente, esa falta de sanción a los traficantes de haitianos y de todo tipo de mercancías lo que ha convertido la frontera en el paraíso del contrabando que ahora se quiere enfrentar con mucho amaraco y más guardias, como si fuera tan fácil y sencillo.