Cuando en octubre del año pasado se produjo la muerte a tiros de dos comerciantes de piña a manos de agentes de la DNCD que realizaban un operativo en Capotillo, escribí que la entonces recién nombrada Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tenía en el esclarecimiento de ese crimen su primera gran prueba, pues a pesar de todo lo que se ha cacareado sobre institucionalidad y democracia todavía guardias y policías se resisten a interactuar de igual a igual con civiles y mucho menos a ser sus subordinados. Sus primeras declaraciones en torno al hecho hicieron pensar que, en efecto, estaba consciente de esa situación al definirse como una fiel creyente en la dictadura de la ley, que consiste –explicó– en que todos están obligados a someterse a sus mandatos, mas aun cuando se trata de servidores públicos. Dos meses después, en diciembre pasado, ya no se mostraba tan segura de la vigencia de esa “dictadura”, al declarar que es “difícil” determinar quiénes fueron los responsables del crimen debido a que en el operativo participaron 80 miembros del organismo antinarcóticos. El pasado jueves, tres meses y una semana después del hecho, familiares de las víctimas montaron un piquete frente al edificio de la Procuraduría General para exigir que la fiscal del Distrito Nacional les brinde una información clara y precisa sobre el estado en que se encuentra el caso, un derecho que les asiste y que debería obligarla a darles la cara. Aunque sospecho que las dificultades con las que se ha tropezado durante sus pesquisas pueden haberla convencido de que no es verdad, como creía y se atrevió a proclamar, que todos estamos obligados a respetar los mandatos de la ley, lo que en su posición debe ser algo muy duro de aceptar y mucho menos utilizarlo de excusa para justificar la impunidad de un crimen.