Se nos ha dicho y repetido desde el principio que fue por consenso, con el voto unánime de todo los miembros del pleno de la JCE, que se decidió eliminar el voto de arrastre en 26 provincias y mantenerlo en las seis mas pobladas, incluido el Distrito Nacional, unanimidad que en muchos provocó extrañeza y en otros, los mas desconfiados, verdadera alarma, pues significa que ninguno de sus miembros pudo darse cuenta de lo obvio, de lo que no necesita espejuelos para que podamos verlo ni ser un curtido jurista para entenderlo: que esa resolución es un contrasentido, un tollo que viola la Constitución. Por eso sorprendió que ayer el periódico El Día diera a conocer un documento contentivo de la “posición” sobre el voto de arrastre del miembro de la JCE Roberto Saladín, en la que este señala que, como lo establece el artículo 208 de la Constitución, “el voto es personal, libre, directo y secreto”. En el documento Saladín argumenta que de prevalecer el arrastre en el país nunca se presentará la situación de que un partido lidere la Cámara del Senado y otro contrario la Cámara de Diputados, ya que el que obtenga mas representantes en la cámara baja obtendrá mas en la cámara alta. Y eso, señala, “es una situación atentatoria contra la función propia de la democracia, en la que el Congreso está llamado a ejercer la función de contrapeso al lograr el equilibrio necesario”. ¿Por qué, si eso es lo que piensa, se plegó al criterio de la mayoría? ¿O hay otros miembros de la JCE que firmaron esa resolución y no están de acuerdo con su contenido? ¿Será verdad que días antes de conocerse la decisión del pleno en los corrillos de la JCE se daba por un hecho que el arrastre sería eliminado en las 32 provincias? ¿Quién fue el Salomón que propuso complacer a los beneficiarios del arrastre y también a sus impugnadores, llevándose de encuentro la Constitución? Como se acaba el espacio tendré que dejar esas preguntas en el aire, aunque sospecho que en el aire se quedarán.