Es fácil imaginarse lo que ocurriría si la Cámara de Diputados, dominada por la oposición, le rechaza al Gobierno la solicitud de extender el estado de emergencia, que concluye el próximo 3 de junio, bajo el alegato de que ha politizado la pandemia para favorecer a su candidato, un argumento absolutamente válido sino fuera porque lo que indican claramente los boletines cotidianos de Salud Pública es que debemos ser muy pero muy cuidadosos en cada paso que demos en el incierto camino, por escabroso y desconocido, hacia la mentada “nueva normalidad” o, como prefieren llamarla otros, la covidianidad. Si los diputados de la oposición consiguen cumplir su amenaza el Gobierno dirá, a través de cualquiera de sus voceros o por interpósita bocina, que cumplió con su obligación como parte de sus esfuerzos por contener la pandemia que ya nos arrebató las vidas de 485 personas, pero que la Cámara de Diputados, léase la oposición, le impidió cumplir con ese sagrado deber. Con eso se lava las manos como el Poncio aquel tan criticado como emulado, y de ñapa se quita de encima la enorme responsabilidad derivada de la posibilidad, para nada descartable, de que la desescalada, que en los primeros siete días registró 2,700 nuevos contagios, desemboque en un rebrote del covid-19. Lo que, por faltar tan poco tiempo para unas elecciones que están al doblar de la próxima esquina, podría convertirse en un factor de perturbación que ponga en cuestionamiento su legitimidad. El desplante de los legisladores de la oposición, a los que los resultados de la encuesta Mark Penn/Stagwel deben haber puesto muy nerviosos, le daría al Gobierno la coartada perfecta a la hora de buscar culpables de que el coronavirus se haya llevado de encuentro el proceso electoral y la estabilidad política y económica que han hecho posible que República Dominicana sea, al día de hoy, un referente digno de imitar en la región.