Si la cruzada contra la delincuencia emprendida por el Gobierno acaba también con el molestoso problema de los ruidosos colmadones nos habremos sacado el premio mayor de la Lotería. El doctor Radhamés Jiménez, a quien todavía hay que llamar flamante Procurador General de la República, ha prometido que serán clausurados todos los colmadones, bares y otros centros de diversión donde se originen ruidos que perturben la tranquilidad ciudadana.

Los dominicanos y dominicanas ya hemos probado que somos unos impenitentes bullosos allí donde estemos o vayamos, tal y como revela el estudio -dado a conocer recientemente- que dice que constituimos la comunidad más ruidosa de la ciudad de Nueva York, un excelente pretexto para, con la ley en las manos, empezar a cambiar una forma de comportarmiento de la que no podemos sentirnos orgullosos sino todo lo contrario.

Por la tangente

 Llama la atención que tanto las pasadas autoridades de Salud Pública como las actuales asuman la misma actitud ante las reiteradas denuncias o advertencias sobre la amenazante presencia del dengue en el país, que tanto antes como ahora han respondido restándole gravedad o atribuyéndolas a simples exageraciones. Negar la existencia del problema nunca ha sido la mejor manera de resolverlo, mucho menos si tiene que ver con la salud -y la vida- de la gente, por lo que resulta tranquilizador que las autoridades de Salud Pública finalmente hayan reconocido la muerte de al menos 17 personas a causa de la enfermedad, aunque insisten en que no se trata de una epidemia. Alguien en esa cartera debe explicar, sin embargo, cuántas personas más deben morir para que podamos considerar la situación como una verdadera epidemia y, por lo tanto, digna de mover la acción de las autoridades.

Explicaciones

 Quien sabe cómo funcionan los americanos sabe también que su embajada en el país hará caso omiso a la exigencia del presidente del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Federico Antún, de que explique porqué revocó el visado al dirigente reformista Amable Aristy Castro, pues como muy bien decía la comunicación servida a propósito por el Centro Franklyn “los registros personales de visas son confidenciales conforme a las leyes de Estados Unidos”. Esas mismas leyes garantizan, empero, que el afectado sí reciba esas explicaciones si cumple los requisitos de rigor, tal y como ya hicieron antes otros afectados por la unilateral medida, que incluso constituyeron abogados en Estados Unidos. Así las cosas hay que decir que, independientemente del curso que tomen las discusiones sobre la decisión de la embajada norteamericana, los motivos detrás de esa decisión no tienen porqué seguir siendo un misterio para el exitoso político higüeyano siempre y cuando quiera conocer las razones de su repentina caída en desgracia con el endurecido Tío Sam.