El regreso de la barbarie. Eso supone para la sociedad dominicana, según el pronóstico sombrío del doctor Jorge Subero Isa, la modificación del Código Procesal Penal, como se reclama desde distintos sectores de la vida nacional, pues significaría la vuelta de los «injustos» arrestos masivos, los allanamientos sin orden judicial y el espionaje telefónico, entre otras barbaridades propias de sociedades poco civilizadas.

Y a lo mejor tiene razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eso no vamos a discutirlo aquí, salvo por un par de detalles que es preciso aclarar o recordar, por si acaso se trata de un olvido: el espionaje telefónico, como bien sabe cualquiera que viva en este país, nunca ha dejado de practicarse ni antes ni después de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, como tampoco han dejado de practicarse, aunque en menor escala que en otros tiempos, los «injustos» arrestos masivos de ciudadanos, tal y como ocurrió el pasado fin de semana en Puerto Plata y Villa Altagracia, donde la Policía Nacional reportó el apresamiento de decenas de personas, la incautación de armas de fuego ilegales y varios vehículos -motores y automóviles- con la numeración alterada, y todo eso durante «exitosos» operativos que la institución no ha tenido empacho en calificar de «preventivos». Es cuanto.

Pedir demasiado

 Qué bueno fuera si el doctor Franklyn Almeyda, el vehemente secretario de Interior y Policía de irreductible vocación guerrera, dedicara buena parte de la energía y el tiempo que emplea en su tirijala con los ayuntamientos perredeístas a determinar el paradero de los cerca de 25 mil agentes de la Policía Nacional que, según revelara el propio funcionario, andan por ahí prestando «servicio» en cualquier cosa menos en la protección de las vidas y bienes de los ciudadanos, a pesar de que son estos quienes pagan con sus impuestos el uniforme que visten, el arma que portan y el sueldo que cobran. Sería un valioso aporte del doctor Almeyda al mejoramiento de la deteriorada seguridad ciudadana, pero tal vez sea pedirle demasiado tratándose de policías que están a las «órdenes» de compañeros, amigos y relacionados del gobierno, incluidos periodistas.

Abracadabra

  El Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la Línea Noroeste, el doctor Ramón Arístides Madera, acaba de hacer una denuncia destinada a llamar la atención de la opinión pública, en sentido general, y del secretario de las Fuerzas Armadas en particular. Según el funcionario nueve embarcaciones de matrícula haitiana que se encontraban en la base de la Marina de Guerra de Manzanillo, donde fueron a parar luego de su incautación por haber sido utilizadas en el trasiego de inmigrantes haitianos ilegales, han «desaparecido» de manera misteriosa, al tiempo que se quejó de que en los últimos meses la Marina de Guerra ha incautado decenas de botes de madera y otras embarcaciones a pescadores haitianos sorprendidos faenando en aguas territoriales dominicanas, pero no los someten a la justicia ni envían las yolas como cuerpo del delito. ¿Por qué mares andarán perdidas esas embarcaciones? El Almirante Sigfrido Pared Pérez tiene la palabra.