La observación hecha por el Presidente Leonel Fernández a la nueva ley de distribución de fondos a los partidos políticos fue descrita en un sector congresional como una declaración de guerra del Poder Ejecutivo hacia el Congreso. Es probable, no obstante, que este episodio entre oficialismo y oposición culmine con un balance menos desastroso del que suele esperarse cuando se cae en una verdadera confrontación de fuerzas. Lo que en algunos círculos suponen es que un buen número de congresistas podría comenzar a asumir muy claramente posiciones independientes respecto de sus partidos de cara al régimen del PLD. Lo primero es que el Palacio Nacional tiene motivos suficentes para estar muy satisfecho con el trato que hasta ahora han recibido sus iniciativas en el tren legislativo. El mismo día en que emitió su observación a la ley que modifica los financiamientos a partidos, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia una emisión de bonos para el gobierno por RD$8,282 nillones. Y el Presupuesto General de la Nación recibió aprobación en diciembre dentro del tiempo que convenía al Presidente Fernández, sin retrasos ni dificultades. Para ventaja de la administración peledeísta, El perredeismo y el reformismo atraviesan por un período de indefiniciones y estremecimientos, cuando no de total división. Por eso se explica que mientras una parte de los reformistas hablaba de cerrarse a banda contra la observación, otro se acogía en aposentos palaciegos a una negociación de toma y daca.
Tregua, solo tregua
Ahora, cuando la declinación de los precios del pollo presagiaba un respiro importante para los consumidores trascienden las señales de que la gloria del comprador ha de ser efímera. Según conocedores de los intríngulis de la industria avícola, los precios generalmente altos del producto tienen una causa estructural de costos que va más allá de la tasa del dólar y que tiene mucho que ver con los alimentos de baja concentración para engorde que reciben las aves, además de atrasos tecnológicos en las granjas y gastos excesivos para disponer de energía eléctrica. Se afirma, incluso, que la República Dominicana es uno de los países de América Latina que menos emplea personal veterinario en las principales áreas de la producción pecuaria lo que afectaría la productividad. El resultado es que la carne blanca dominicana tiene que salir al mercado con unos niveles de precios prohibitivos y para sostenerlos es necesario mantener al país al borde de la escasez. Tan pronto abunda un poco, los productores e intermediarios tienen que bajar los precios… en lo que logran reducir la oferta. Esto último es relativamente fácil de alcanzar y ya se está haciendo todo lo necesario para que los canales de comercialización enflaquezcan. Los pollos volverán a volar.
Riesgos de procedimiento
La ley dispone como es razonable- que el Estado lleve a cabo la incautación de bienes (de manera definitiva o más frecuentemente provisional) si se comprueba que fueron desembarcados en los puertos del país violentando procedimientos de importación o normas arancelarias. Las autoridades disponen de mecanismos para conjurar las subvaluaciones que tengan el propósito de evadir el pago de impuestos e incluso para perseguir y castigar penalmente el fraude, cuando de eso se trate. En contraposición a las atribuciones de las autoridades están los derechos y recursos que la propia ley dispone para que los particulares impugnen medidas administrativas y en un tiempo razonable impulsen trámites para obtener la devolución, que podría ser lo más correcto, de lo que trajeron. Siempre ha existido preocupación por la vieja costumbre dominicana de pretender la solución de los problemas de transporte de organismos oficiales con el usufructo de vehículos que han sido incautados en un marco de transitoriedad. Las autoridades no deben precipitarse en esa utilización de vehículos que todavía puedan estar rodeados de una nebulosa en cuanto a la legitimidad de un destino final.