En lo que nuestras autoridades logran ponerse de acuerdo en la forma de contar a los haitianos que residen -legal o ilegalmente- en República Dominicana, tarea que muchos entienden imprescindible si se quiere atajar a tiempo una migración que ya empieza a desdibujar los perfiles de nuestra nacionalidad, su presencia gana nuevos espacios, no necesariamente productivos o laborales, como lo son el mundo del delito y la criminalidad. No solo crece, en nuestras cárceles, la cantidad de reclusos de nacionalidad haitiana, sino que cada vez son más frecuentes las crónicas negras de los periódicos en las que aparecen como protagonistas.

El lunes pasado, por ejemplo, un ciudadano haitiano, hasta ahora solo conocido como «Wasa Wasa», fue muerto a balazos luego de que se enfrentó a una patrulla de la Policía Nacional que lo perseguía por considerarlo sospechoso de varios robos y atracos cometidos en el sector Hato Mayor, de Santiago. Según la Policía, Wasa Wasa se enfrentó a la patrulla que intentó hacerlo preso, por lo que fue víctima del consabido intercambio de disparos. ¿Quiere saber el resto? La gente de «Hato Mayor», a quienes el haitiano, supuestamente, mantenía en zozobra, celebró con gran algarabía su muerte. Así están las cosas.

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Alharacas
Se puede apostar peso a morisqueta a que en ninguno de los otros 19 países con los que compartimos el calificativo de Estado Fallido se ha hecho una alharaca tan grande como la que hemos montado por estas bochincheras tierras, donde no solo con bachata, pelota y cerveza se entretiene la gente. Lo más curioso del caso es que muchos de los que refutan con tanto ardor el calificativo de la publicación norteamericana Foreign Policy, editada en Washington, no hacen muchos esfuerzos por ocultar las verdaderas razones de su indignación: que se nos haya metido en el mismo saco que Haití, nuestros vecinos por los siglos de los siglos nos guste o no, como parte de una lista negra en la que también figuran Congo, Sudán y Colombia, para solo citar unos cuantos. El gobierno, que dispone de información privilegiada, tendrá sus razones, y habrá que respetarlas, para ver una conspiración internacional en esa alevosa publicación, pero por aquí seguimos pensando que con esa clasificación, de estricto índole académico, solo bastaba no estar de acuerdo, y pasar a la página siguiente.

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Justicia severa

Y en Mao, provincia Valverde, la Justicia sigue dando lecciones de severidad. La jueza interina del Primer Juzgado Liquidador, la magistrada Lucía del Carmen Rodríguez, acaba de condenar a 30 años de prisión a un hombre acusado de asesinar a un taxista, luego de abordarlo simulando ser un pasajero. Lástima que esa sentencia, con toda su severidad, no se haya producido en un tribunal de Santiago, donde en el último año han sido asesinados cerca de veinte taxistas, pues allí es donde realmente está haciendo falta que la Justicia, auxiliada por las autoridades policiales y del Ministerio Público, se empantalone y castigue con toda la dureza que contemplan las leyes a los responsables de todos esos crímenes, en su gran mayoría todavía impunes.