Si usted se pone a darle mente llega fácilmente a la conclusión de que a quien menos conviene el misterio que rodea la construcción de un edificio en la doctor Delgado, que según vecinos viola disposiciones municipales sobre uso de suelo, es precisamente a sus misteriosos propietarios. Y no tanto porque en un país tan pequeño como este todo termina sabiéndose tarde a temprano, sino porque la falta de información oportuna sobre este o cualquier otro asunto de interés público termina, como siempre, complicando todavía más las cosas, pues cada quien está en el derecho de sacar sus propias conclusiones.

Empezando por aquellos que piensan, con razón o sin ella, que de alguien «muy grande» debe tratarse para que se permita que una construcción que se levanta frente a la sede del gobierno exceda la altura que, por razones de seguridad -palabra mayor en estos inseguros tiempos-, se permite a las edificaciones en la zona.

Intervenciones

El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, dijo ayer en un programa de televisión que la etapa de las redadas y registros indiscriminados, a la caza de supuestos delincuentes, ha pasado a ser historia en la institución, pues se trata de un método que vulnera los derechos de los ciudadanos y provoca más perturbaciones y trastornos que los beneficios que ofrece. Eso no quiere decir, empero, que la Policía no estará en la calle prestando auxilio a la ciudadanía cuando se la necesite, y hasta deteniendo sospechosos si así lo considera necesario, solo que ahora, tal vez por culpa del remilgado Código Procesal Penal, no se les llama detenciones o apresamientos sino «intervenciones». Coja lápiz y papel y tome nota, para que no alegue ignorancia si en cualquier momento, andando por esas calles de Dios, una patrulla policial le ordena detenerse para proceder a «intervenirlo».

Miserias institucionales

Como en este país todavía no está prohibido aspirar a lo imposible, hay que seguirse preguntando porqué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas bien, empezándolas -como en cualquier país civilizado del mundo- por el principio. Tómese el caso, por ejemplo, de la llamada Casa del Terror, cuya inminente inauguración se vio frustrada por la decisión de la Procuraduría General de Medio Ambiente de disponer su cierre atendiendo quejas de los vecinos, temerosos de que el funcionamiento del centro de diversión les robe la tranquilidad a la que tienen derecho. ¿Por qué los inversionistas de ese proyecto no determinaron, antes de empezar a gastar sus cuartos, si las leyes permitían instalar ese tipo de negocio en una zona residencial? ¿Por qué ninguna autoridad competente apareció a tiempo para impedir que se instalara en esa zona un negocio que, por su naturaleza, puede ser fuente de perturbación para sus residentes? Muy poca gente habrá, conociéndonos como nos conocemos, que no conozca las respuestas a esas preguntas, pero en modo alguno puede ser un consuelo el hecho de que nuestras miserias institucionales sean ya del más absoluto dominio público.