De seguro que las autoridades dirán que han dado “un golpe contundente” a la fabricación de alcohol ilegal, que en las últimas semanas ha matado a mas de un centenar de personas y contando, con el desmantelamiento de un fábrica clandestina en el municipio de Guerra donde fueron incautados 68 mil 400 litros.

El reporte policial indica que en el allanamiento se incautó una máquina para la fermentación del alcohol y otra para su destilación, así como ocho tinacos, seis de ellos con capacidad para 2,500 galones y dos de 1,050 litros.

Luego del operativo la Policía advirtió que junto con el Ministerio Público, Industria y Comercio, Proconsumidor y los organismos de seguridad del Estado continuarán arreciando los operativos para desmantelar, clausurar y apresar a las personas que se dediquen a fabricar, distribuir y comercializar bebidas ilegales.

Y no duden ustedes, mis queridos lectores, que así será, pues desde que la cantidad de muertes por consumir esas bebidas comenzó a crecer de manera alarmante se han producido decenas de allanamientos y apresamientos, mientras el Ministerio Público dice estar trabajando a toda capacidad para someter a esas personas a la justicia.

Ese despliegue y movilización indican con claridad que nuestras autoridades tienen los mecanismos y las herramientas para ubicar las fábricas “clandestinas” y enfrentar el ilegal negocio, que no solo ha dejado una estela de muerte y dolor sino que también ha provocado daños a la industria del ron dominicano, un producto que nos identifica más allá de nuestras insulares fronteras y que se considera Marca País.

Cuando uno ve todos esos operativos, todos esos allanamientos, intervenciones y apresamientos tiene que concluir, insisto, en que nuestras autoridades siempre han estado en capacidad de enfrentar un problema que tiene ese tamaño solo por descuido. Y es por eso que duele y lastima que haya tenido que morir tanta gente para que se decidieran a cumplir con su responsabilidad.