Se puede apostar peso a morisqueta, como dice don Magino, a que los 86 fiscales que este lunes no podrán cobrar sus salarios por no haber hecho sus declaraciones de bienes, tal y como lo establece le ley 82-79 y el decreto 287-06 del Poder Ejecutivo, se convertirán en el mejor ejemplo de que existe un mecanismo simple y expedito para obligar a los funcionarios públicos, incluídos los legisladores, a cumplir con ese requisito. Sobre todo después de que el doctor José Joaquín Bidó Medina, Presidente de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, diera luz verde al doctor Octavio Líster, director del Departamento de Prevención de la Corrupción, para retener el salario de los 437 funcionarios del Poder Ejecutivo que todavía no han declarado sus bienes, pues tiene las facultades legales para ello. Ocurre, sin embargo, que a pesar de estar “facultado”, como bien señala Bidó Medina, para tomar esa decisión, será el presidente Leonel Fernández quien diga la última palabra, pues solo en sus manos está el autorizar la medida que obligará a sus renuentes colaboradores a respetar una norma que solo pretende garantizar una administración transparente de los bienes públicos.

En manos del Señor

Una reciente inspección de técnicos del ayuntamiento del Distrito Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en más de cien establecimientos de diversión de la Capital ha permitido constatar una realidad que pone los pelos de punta y muestra hasta qué punto estamos en manos de la Divina Providencia: la gran mayoría de los 132 establecimientos visitados por las autoridades municipales carece de los niveles mínimos de seguridad para concentrar grandes públicos, pues no cuentan con equipos para sofocar incendios, señales adecuadas ni salidas de emergencia. Pese al potencial peligro que suponen esos establecimientos en caso de que, Dios no lo quiera, se produzca algún accidente o desastre natural, se les concedió un plazo de tres meses para que se pongan al día con las normativas de seguridad. ¿Qué hacer mientras tanto? Cruzar los dedos y rogarle al Altísimo que el restaurante, discoteca, centro comercial, supermercado o torre de apartamentos en el que se encuentre el día que se produzca una desgracia, natural o provocada, figure entre los pocos en los que sus constructores o propietarios han tomado en cuenta la seguridad de sus usuarios. Después de ahí, a Dios que reparta suerte…

La queja de Fray Arístides

Como dicen que palabras traen respuestas habrá que esperar la previsible reacción de los consultores y técnicos del Programa de Apoyo para la Reforma y Modernización del Estado (PARME) a quienes Fray Arístides Jiménez Richardson, director de la Pastoral Penitenciaria, acusa de extralimitarse en sus funciones al pretender dirigir la política penitenciaria del país y “bajarle línea” al personal administrativo y custodias de las cárceles. El problema de Fray Arístides, quien no tiene pelos en la lengua, parece ser la excesiva influencia que tienen los consultores extranjeros de PARME en la determinación de la política penitenciaria, cuando su responsabilidad, a su juicio, debe circunscribirse única y exclusivamente a ofrecer asesoría a los funcionarios dominicanos del sector penitenciario.”La colaboración internacional está bien, pero siempre debe darse en un marco de respeto absoluto de la autonomía de cada nación, de cada gobierno y de cada país”. Palabras mayores las del director de la Pastoral Penitenciaria, que por su dureza obligan a escuchar el sonido de la otra campana.