El presidente de la JCE, el doctor Julio César Castaños Guzmán, aguantó a pie firme la primera andanada de críticas y cuestionamientos a la decisión del pleno de ese organismo de eliminar el arrastre en 26 provincias y mantenerlo en el Distrito  Nacional y otras cinco provincias, para lo cual tomó prestado el grito  de guerra del expresidente Leonel  Fernández y sus seguidores en su nuevo intento por regresar al Palacio Nacional: “no hay vuelta atrás”. Castaños Guzmán justificó y defendió la decisión, que calificó como “un paso de avance” en el sistema electoral dominicano y el ejercicio de los derechos políticos que en 26 provincias la escogencia de los senadores sea directa, al explicar que el pleno actuó en consonancia con el artículo 92 de la Ley 15-19 que establece cuatro niveles de elección, pero también de acuerdo a lo que establece el párrafo IV del artículo 104, de la misma ley, que dispone que se sumen los votos de diputados a senadores en las provincias que tienen circunscripciones. Es evidente, según lo que se desprende de esa explicación, que la JCE creyó pertinente que los ciudadanos que vayan a votar el día de las  elecciones ejerzan ese derecho de manera distinta, y con distintos efectos políticos, según el lugar donde depositen el sufragio, unos disfrutando del “gran avance” que significa votar de manera directa por el senador de su preferencia, otros resignados a que se les conculque su derecho a votar de manera directa, como manda la Constitución,  por el candidato que considere la mejor opción. Porqué  escogió la JCE el camino más complicado y escabroso para salir del atolladero en que la metió la Ley de Régimen Electoral  con el voto de arrastre será fruto de especulación  durante mucho tiempo, pero lo que preocupa, en lo  que llegan las respuestas, son las consecuencias del daño a su ya menguada credibilidad que se ha autoinfligido, sin ninguna  necesidad, el árbitro de las próximas elecciones.