¿Cuál de nuestros oráculos políticos hubiera sido capaz de anticipar que el gobierno del PLD, a sus ocho meses de instalado, recibiría una crítica tan severa y puntual de la organización más emblemática de nuestra sociedad civil? El hecho, digno de una lectura más detenida de parte de los inquilinos del Palacio Nacional, debería por lo pronto provocar preocupación entre los estrategas del gobierno en materia de comunicación, que sin embargo han «bajado una línea» demasiado pobre -dialécticamente hablando- a sus corifeos mediáticos, que en lugar de discutir el contenido de los cuestionamientos de Participación Ciudadana han optado por el camino de la descalificación, alegando que la organización no partidista nunca formuló esa clase de críticas al pasado gobierno. No es importante, según esa «estrategia», refutar la afirmación del movimiento cívico de que la inversión de 25 millones de dólares en un hospital privado contrasta con la precariedad conque funciona nuestro sistema de salud pública, o la que califica la inversión de 241 millones de pesos en decorar la Suprema Corte de Justicia como una ofensa a la pobreza que padecen las mayorías nacionales, entre otros señalamientos que a pesar de su gravedad se elude discutir de manera abierta, como suele hacer la gente civilizada y, sobre todo, tolerante y democrática.

Estrategias

Esa «estrategia», sin embargo, ha demostrado que no solo es útil para aplicarla a las críticas que provengan de una institución tan beligerante y activa como Participación Ciudadana, sino también ante cualquier otra persona o institución que ose contrariar los preclaros designios de cualquier secretario de Estado que se sienta tocado por la infalibilidad divina. De eso puede dar sobrada fe la Coalición Para la Defensa de las Areas Protegidas de la República Dominicana, acusada maliciosamente por el secretario de Turismo, el licenciado Felucho Jiménez, de coincidir con los intereses del narcotráfico por el simple hecho de advertirle a eventuales inversionistas en Bahía de Las Aguilas, a través de una carta, que cualquier proyecto que se construya en esa zona violaría nuestras leyes de áreas protegidas. ¿Dónde está el pecado que justifique la desproporcionada reacción del secretario de Turismo?

Y efectos secundarios

En la secretaría de Educación han decidido, sin embargo, curarse en salud ahorrándose las críticas y cuestionamientos que suelen traer aparejadas las impertinentes averiguaciones de los periodistas, siempre buscándole la quinta pata al gato, al prohibir a directores de escuelas y de distrito que ofrezcan información a la prensa sobre situaciones que atenten contra el desempeño del sistema educativo o problemas que afectan a las propias escuelas, como revelara ayer el colega Listín Diario. Alguna explicación tendrán, en la cartera educativa, a la hora de justificar la insólita -y además ilegal- veda informativa, que también se expresa en las dificultades que enfrentan los reporteros que «cubren» esa fuente noticiosa para cuestionar directamente a cualquier funcionario -más allá de las notas de prensa que sirve con profusión su departamento de relaciones públicas- sobre asuntos bajo su responsabilidad, aunque es esperarse que nadie tenga la cachaza de hablar de transparencia informativa o cosa que se le parezca. De todas maneras, como dice alguien por ahí, lo que importan son los resultados. ¡Sigan por ahí, muchachos, que van muy bien!