El presidente Leonel Fernández acaba de anunciarle al país, desde los Estados Unidos, que a partir de enero próximo empezará una revolución en la administración pública con la ejecución del llamado gobierno electrónico, que nos permitirá pasar «de lo artesanal a lo digital». El proyecto, según lo explicado desde allende los mares por el mandatario, consiste en la automatización de todos los servicios que ofrece el Estado, de manera que los ciudadanos puedan, a través del internet, pagar sus impuestos, renovar la licencia de conducir o gestionar la obtención de documentos tan importantes como el acta de nacimiento o el exequátur. ¿Se imaginan lo que supondría ahorrarse la visita al huacal, el asedio de los buscones y carteristas, la propina al «dame lo mío» disfrazado de parqueador, para no entrar en detalles sobre el grotesco espectáculo con el que se tropieza el que visita una oficina pública en estos tiempos de rampante clientelismo? Sería un cambio del cielo a la tierra, como pasar -siguiendo la lógica del presidente Fernández- del anafe al microonda.

A soga corta

No será tanto como un intento por cercenar la democracia, como ha definido el juez Salvador Ramos el presupuesto de la Junta Central Electoral para el año 2005, pero resulta evidente que en el Poder Ejecutivo se ha decidido mantener a soga corta al tribunal de elecciones, que según la mayoría de sus jueces difícilmente pueda, con lo que el gobierno ha decidido asignarle, acometer las tareas que tiene por delante. Es una buena manera, creen algunos, del gobierno expresar su desacuerdo con el invento de la ley de primarias, pero también, como piensan quienes ven un poquito más allá, de trabar la operatividad del organismo, de reducir su capacidad de acción y por tanto también su beligerancia, una treta a la que recurría con frecuencia un zorruno Joaquín Balaguer cada vez que necesitaba neutralizar alguna desafección, como hizo tantas veces con la propia JCE y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los doce años aquellos.

La voz de las bases

Conocidos al fin los resultados de la consulta a las bases perredeístas se entiende, con total claridad, porqué pasó lo que pasó hace dos semanas en el Club Mauricio Báez, cuando más de dos mil delegados votaron la modificación de los estatutos del partido, prohibiendo -entre otros cambios de significación- la reelección presidencial, y estableciendo el voto secreto y universal para la escogencia de sus dirigentes. Muchos de esos dirigentes, con más sentido de la oportunidad que convencimiento, han querido convertir en victoria la contundente derrota que propinó la militancia, a través de esa consulta, a su dirigencia, que no ha tenido más remedio que dejarse arrastrar por la avalancha. Las bases del PRD han dicho, con la contundencia de las estadísticas (un 68% considera la renovación de la cúpula la prioridad número uno en estos momentos), lo que desean que sea el PRD de ahora en adelante. Falta que esa dirigencia, responsable de la derrota y la desgracia política que trae aparejada, se dé por aludida y empiece a recoger sus motetes.