A estas alturas al Gobierno ya no le luce ocultarse detrás de lo que dejó de hacer el PLD para justificar lo que todavía no ha hecho, ni que sus funcionarios sigan denunciando, sin pasar de ahí, las irregularidades que encontraron, como si fuéramos masoquistas.

Pero eso no quiere decir que renunciemos a esperar resultados distintos de las revelaciones del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, en el Senado, primer funcionario que atiende al requerimiento de los legisladores para que informe sobre la situación que encontró en ese ministerio.

Como por ejemplo un contrato, concedido grado a grado, para la construcción y administración del laboratorio balístico que captura las huellas de las armas de fuego, por un monto de US$22,789, 920.00.

El funcionario explicó que ese contrato, cuya legalidad investigan los juristas designados por el presidente Luis Abinader para la recuperación de los bienes robados al erario, pone en manos de los propietarios de la empresa información sensitiva del Estado.

Igualmente denunció la existencia de una mafia que cobraba hasta 45 mil dólares por otorgar la naturalización a ciudadanos extranjeros, y no hace falta tener mucha imaginación para saber qué clase de extranjero paga esa cantidad, y en esas circunstancias, para ser dominicano.

Las crónicas cuentan que también le habló a los senadores sobre las irregularidades en el Viceministerio de Armas, los programas fantasmas que había en Gestión Migratoria y Naturalización, la gran cantidad de botellas que cobraban sin trabajar y un largo etcétera.

Esperemos que, además de recordarnos las incontables tropelías de los peledeístas, esas comparecencias en el Senado tengan alguna utilidad para el adecentamiento de nuestra vida pública, lo que solo puede ocurrir si los denunciantes dan el siguiente paso y ponen esos papeles en manos del Ministerio Público, que ya sabe lo que tiene que hacer aunque se tome su tiempo para hacerlo.